El gobierno cedió a abogados pro Dictadura la asistencia legal de los barrios populares

El ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó un convenio con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se haga cargo de un plan de patrocinio jurídico. Abogados de represores y de grandes corporaciones podrían hacerse de la representación legal de víctimas de violencia policial o reclamos por aumentos tarifarios.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, firmó un convenio con el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, para que los Centros de Acceso a la Justicia de barrios de las Villas 21 -24 , 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma deriven las causas y consultas legales a los estudios jurídicos nucleados bajo el sello del colegio porteño. Lipera fue criticado por su rol durante el menemismo donde participó de la oleada privatizadora neoliberal como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas.
La institución fue cuestionada además por la histórica trayectoria de gran parte de sus autoridades vinculadas a la última dictadura cívico militar. En 1976 el Colegio de Abogados afirmó que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria.” Actualmente la defensa de la dictadura sigue siendo ejercida públicamente por parte de los integrantes de la asociación.
Máximo Fonrouge, es el tesorero del colegio y ex presidente del colegio. Su nombre trascendió a la prensa cuando tuvo la iniciativa de homenajear al magistrado Jorge Vicente Quiroga, uno de los arquitectos de la llamada “Cámara del Terror” o  “Camarón”, creada bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse (1971-1973). El fuero negó el habeas corpus de 19 militantes políticos que terminaron siendo víctimas en los fusilamientos de la masacre de Trelew. Uno de los primeros ensayos del Terrorismo de Estado en el país.
Fonrouge es actualmente socio del Estudio Cassagne que atiende como clientes a La Nación y la Sociedad Rural. El titular del Estudio, Juan Carlos Cassange fue uno de los que diseñó parte del régimen de subsidios a las empresas de la “patria contratista” durante la dictadura cívico militar. Cassagne ocupó el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria durante el régimen de facto. Tanto él como su socio pertenecen al colegio ubicado en la calle Montevideo. Con la vuelta de la democracia, Cassagne se paso del otro lado del mostrador y fue representante legal de grandes empresas que demandaron por cifras millonarias al Estado.
Pero también pertenecen al colegio Alejandro y Jose Alfredo Martínez de Hoz (hijo). El hijo del ministro de Economía de la última dictadura militar y su socio Mariano Grondona hijo. El hijo del  periodista “procesista”, participó en negocios inmobiliarios encabezados por el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco Macri.
Alberto Solanet es otro de los miembros del Colegio de Abogados porteños y titular de la "Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia", una agrupación pro Dictadura. El mismo se ocupa de la defensa jurídica y política de represores condenados por crímenes de Lesa Humanidad a quienes llama “presos políticos”.  Fue recibido por Garavano a principios de año para expresar este mismo reclamo.
Pero también se encuentran asociados abogados de corporaciones multinacionales extranjeras que tiene demandas judiciales pendientes contra el Estado argentino, como Jorge Pérez Alati y Pedro E. Aramburu (h). El actual presidente del Banco Provincia,  el macrista Juan Curutchet también es parte de la institución. Esta asociación de letrados vinculados al “establishment” porteño tendrá la responsabilidad de dar asesoramiento gratuito a los vecinos de barrios populares de CABA. Es decir los vecinos serán atendidos por los abogados de las mismas corporaciones con las cuales podrían litigar en materia tarifaria o tendrá abogados "procesistas" en causas que investigan violaciones a los DD.HH por parte de las fuerzas de seguridad.  
Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/el-gobierno-cedio-abogados-pro-dictadura-la-asistencia-legal-de-los-barrios

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