Un nuevo diseño de la Justicia penal
Los tres poderes del Estado provincial estamos comprometidos en resolver un tema que resulta crucial: hacer eficiente el sistema de justicia.
En razón de ello, trabajamos en forma conjunta con las asociaciones de profesionales y las universidades para encontrar consensos e introducir los cambios y rediseños necesarios en la Justicia penal.
Al tiempo que hacemos consultas con las legislaciones vigentes en otros países (Costa Rica o Chile) o incluso de otras provincias (Neuquén y Chubut), llevamos a cabo reuniones, congresos y seminarios para debatir las mejores propuestas.
El camino que elegimos no es el más corto, pero sabemos que sólo los consensos pueden generar antídotos a las resistencias que todo cambio provoca y evitar la máquina de obstaculizar, que a veces traba las mejores intenciones y propósitos.
Por eso, no escatimamos esfuerzos en seguir debatiendo y capacitando a los operadores judiciales para que, una vez convencidos de estos propósitos, sean ellos los verdaderos generadores de los cambios.
Para explicitar, aunque no de forma exhaustiva, y en un intento de esquematizar nuestro trabajo, debemos decir que apuntamos a lograr una Justicia transparente, que responda a la creciente demanda social en tiempos razonables y que coloque el supremo interés de las víctimas en primer plano.
Orienta estas iniciativas la consecución de un sistema de Justicia que dé voz y voto a los damnificados otorgándoles protagonismo en el proceso penal. Para ello, habrá que abandonar los tecnicismos y deberá usarse un lenguaje llano, como punto de partida, de manera de permitirles a los destinatarios del servicio de justicia la comprensión de las medidas que adoptan tanto los fiscales como los jueces, que a la vez estarán habilitados para realizar mediaciones y acuerdos que satisfagan sus intereses.
A modo de ejemplo: ante una estafa, la víctima puede acordar con quien lo ha perjudicado el resarcimiento que compense el daño sufrido, sin tener que esperar durante años la realización de un juicio.
Otras de las medidas propuestas apuntan a jerarquizar el uso de los recursos del Poder Judicial de manera que los casos simples que afectan a los particulares puedan tramitarse de forma rápida. Ello permitirá liberar recursos y presupuesto en la resolución de los casos complejos que requieren mayor esfuerzo y afectan a toda la sociedad, como por ejemplo los de corrupción.
El Ministerio Público Fiscal –como representante de los intereses de la sociedad– es la voz del pueblo frente al delito.
Desde este lugar se proponen algunos cambios en la organización que sirvan para escuchar a los vecinos en territorio, no en los despachos de tribunales, sino en las barriadas donde se producen los hechos, lo que implica reforzar el trabajo de las unidades judiciales y jerarquizar el trabajo conjunto de los fiscales con los vecinos.
Esto –que incluye algunas modificaciones en el esquema diario de trabajo– se extiende a cambios más profundos, como la supresión de las superposiciones entre los fiscales de Instrucción y los de cámara, haciendo que el mismo fiscal que investiga un delito sea el encargado de llevarlo a juicio, y la conformación de mesas de fiscales a cargo de un fiscal jefe para potenciar los recursos humanos y materiales.
También aspiramos a abandonar el papeleo que engrosa los expedientes y dilata los tiempos, y buscamos extender la oralidad que no afecte la prueba documental.
Desde hace más de dos décadas, Córdoba no trabaja en una profunda reforma de su sistema judicial y estamos convencidos de que llegó la hora de hacerlo. Con la participación de todos los actores del sistema, recogiendo las valiosas opiniones de nuestros expertos y reconociendo las experiencias exitosas realizadas en otros lugares para adaptarlas a nuestra organización, podremos devolver la confianza en la Justicia que la ciudadanía nos reclama.
* Fiscal General adjunto de Córdoba
En razón de ello, trabajamos en forma conjunta con las asociaciones de profesionales y las universidades para encontrar consensos e introducir los cambios y rediseños necesarios en la Justicia penal.
Al tiempo que hacemos consultas con las legislaciones vigentes en otros países (Costa Rica o Chile) o incluso de otras provincias (Neuquén y Chubut), llevamos a cabo reuniones, congresos y seminarios para debatir las mejores propuestas.
Por eso, no escatimamos esfuerzos en seguir debatiendo y capacitando a los operadores judiciales para que, una vez convencidos de estos propósitos, sean ellos los verdaderos generadores de los cambios.
Para explicitar, aunque no de forma exhaustiva, y en un intento de esquematizar nuestro trabajo, debemos decir que apuntamos a lograr una Justicia transparente, que responda a la creciente demanda social en tiempos razonables y que coloque el supremo interés de las víctimas en primer plano.
Orienta estas iniciativas la consecución de un sistema de Justicia que dé voz y voto a los damnificados otorgándoles protagonismo en el proceso penal. Para ello, habrá que abandonar los tecnicismos y deberá usarse un lenguaje llano, como punto de partida, de manera de permitirles a los destinatarios del servicio de justicia la comprensión de las medidas que adoptan tanto los fiscales como los jueces, que a la vez estarán habilitados para realizar mediaciones y acuerdos que satisfagan sus intereses.
A modo de ejemplo: ante una estafa, la víctima puede acordar con quien lo ha perjudicado el resarcimiento que compense el daño sufrido, sin tener que esperar durante años la realización de un juicio.
Otras de las medidas propuestas apuntan a jerarquizar el uso de los recursos del Poder Judicial de manera que los casos simples que afectan a los particulares puedan tramitarse de forma rápida. Ello permitirá liberar recursos y presupuesto en la resolución de los casos complejos que requieren mayor esfuerzo y afectan a toda la sociedad, como por ejemplo los de corrupción.
El Ministerio Público Fiscal –como representante de los intereses de la sociedad– es la voz del pueblo frente al delito.
Desde este lugar se proponen algunos cambios en la organización que sirvan para escuchar a los vecinos en territorio, no en los despachos de tribunales, sino en las barriadas donde se producen los hechos, lo que implica reforzar el trabajo de las unidades judiciales y jerarquizar el trabajo conjunto de los fiscales con los vecinos.
Esto –que incluye algunas modificaciones en el esquema diario de trabajo– se extiende a cambios más profundos, como la supresión de las superposiciones entre los fiscales de Instrucción y los de cámara, haciendo que el mismo fiscal que investiga un delito sea el encargado de llevarlo a juicio, y la conformación de mesas de fiscales a cargo de un fiscal jefe para potenciar los recursos humanos y materiales.
También aspiramos a abandonar el papeleo que engrosa los expedientes y dilata los tiempos, y buscamos extender la oralidad que no afecte la prueba documental.
Desde hace más de dos décadas, Córdoba no trabaja en una profunda reforma de su sistema judicial y estamos convencidos de que llegó la hora de hacerlo. Con la participación de todos los actores del sistema, recogiendo las valiosas opiniones de nuestros expertos y reconociendo las experiencias exitosas realizadas en otros lugares para adaptarlas a nuestra organización, podremos devolver la confianza en la Justicia que la ciudadanía nos reclama.
* Fiscal General adjunto de Córdoba
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/opinion/un-nuevo-diseno-de-la-justicia-penal
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