La Provincia no cederá recursos por el conflicto judicial

Hubo sondeos desde Tribunales para conocer la visión del Centro Cívico / Desde Finanzas, desalentaron la posibilidad de girar fondos extras este año para salarios. 

El Gobierno ratificó que la pauta salarial para el sector público ya está cerrada por todo el año. Mientras intentaba mantener a flote las negociaciones con el gremio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sondeó días atrás la postura del Ejecutivo provincial por el conflicto salarial.

Protesta en suspenso. El gremio de los judiciales aceptó levantar la toma de Tribunales para seguir negociando el reclamo salarial desde mañana.

Los contactos, directos e indirectos, derivaron en la misma respuesta: no hay un peso más. El jefe de Gabinete, Oscar González, se encargó de desalentar una expectativa de aumento en el sector público provincial (ver “No habrá aumentos hasta el 31 de enero”).

Eso obligó a las autoridades del Poder Judicial a recortar las expectativas de los compromisos que eventualmente se asuman ante el sindicato.

Puertas adentro, los vocales del TSJ están convencidos de que cualquier acuerdo sólo será factible a la luz de los recursos propios.

Algunos hablan de “corrección técnica” en las partidas. Otros de redistribución de recursos. Como sea, eufemismos para decir que la plata deberá salir de la misma caja, lo que implicará recortar en un lado para aumentar en otro.

De todos modos, ahora todo dependerá de cómo evolucione la nueva ronda de negociación, que podría congelar cualquier ajuste de corto plazo si se avanza en la discusión de la porcentualidad.

Aunque en el Palacio de Justicia daban por descontado que el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, iba a bajar el pulgar ante un pedido de ese calibre, igual hay quienes todavía creen que se pueden seguir gestionando fondos.

Pero el optimismo es bajo. Desde el Centro Cívico se advirtió que la Provincia necesita controlar el gasto corriente y mantener caliente el ahorro para asegurarle recursos a la Caja de Jubilaciones.

Pero también marcaron la cancha sobre los efectos de una decisión de ese tenor. Es que liberar fondos para subir los salarios de los empleados judiciales implicaría hacer lo mismo con el resto de los estatales.

Por eso, si finalmente se aplica el ajuste de 10 por ciento que pidió la Corte Suprema, cuando eso salpique a los magistrados locales, un eventual derrame al resto de los judiciales deberá salir de las cuentas propias.

No en vano, el compromiso que el Tribunal Superior asumió en su propuesta fue moderado y habló de intenciones, más allá de lo que verbalmente se deslizó en las reuniones.

“Es intención del Tribunal Superior efectuar las medidas tendientes a igualar la diferencia, en el marco de las disponibilidades presupuestarias posibles”, indicó ese cuerpo en el acta de propuesta del jueves pasado.

Politización

Otro factor que habría llevado al Ejecutivo a cerrar sus manos ha sido la presencia de dirigentes políticos opositores en el reclamo de los judiciales.

La titular del gremio, Irina Santesteban, agradeció el interés y la preocupación demostrada por quienes se trasladaron al edificio de Tribunales I, que mantuvieron ocupado hasta la noche del viernes.

Hubo legisladores del Frente Cívico y del Frente de Izquierda, pero lo que más irritó al oficialismo fue la presencia de la candidata a diputada nacional del Frente para la Victoria, Carolina Scotto, y del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

Hubo casi una reacción alérgica cuando notaron la presencia de esos representantes del kirchnerismo. “Buscan el escándalo”, deslizó una fuente cercana al TSJ que mantiene buenas relaciones con el Gobierno.

Y es muy posible que por esta razón, en medio de la alta sensibilidad que tomó el conflicto, la Provincia decidiera intervenir mediante el Ministerio de Trabajo, antes de que la oposición siguiera desfilando entre los manifestantes.

Nueva ronda

Mañana, a las 11, será la primera reunión de la mesa de negociación en la Secretaría de Trabajo, con la participación de representantes del alto tribunal y del gremio judicial.

El sindicato aspira a reiniciar la discusión por la denominada “porcentualidad”, que implica enganchar los salarios de los empleados a los sueldos de los vocales del TSJ. Y que esa discusión no se extienda más allá de noviembre.

Fuente: La Voz del Interior (25/08/2013)