Justicia, ni lenta ni tan rápida
La justicia que llega tarde no es justicia, pero la que no investiga por temor al poder político, lo es menos. La denuncia en torno del ministro Grahovac merecía una mejor indagación.
Con una rapidez digna de mejor causa, la Justicia cordobesa decidió no investigar al ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, a quien una denuncia presentada por su ex esposa –en el marco de un conflicto familiar– lo vincula con una empresa contratista del Estado.
Aunque no se trata de alimentar sospechas infundadas sobre el funcionario, era de esperar una actitud menos apresurada de la fiscal interviniente, quien archivó el expediente haciendo suyos los argumentos expuestos por el oficialismo de que se trataba de un tema vinculado estrictamente a una instancia privada.
No cabe ninguna duda de que una demanda económica en torno de un juicio de divorcio no pertenece a la esfera pública. El tema es que lo que se reclamaba es la participación en las ganancias de una empresa contratista del Estado encargada de reparar escuelas, la que, según la demandante, tendría como uno de sus propietarios a su ex esposo. En ese contexto, la situación pierde su calidad de un conflicto familiar.
El sentido común exige que se transparente de quién es la empresa y se limpie de toda sospecha el nombre del ministro involucrado.
Ese efecto no se logra con la decisión de la fiscal María Romero Díaz, quien no investigó nada sobre la propiedad de Construcciones-Servicios SRL ni sobre cómo accede esta compañía a ser contratada por el Estado para reparar escuelas. También se menciona que el secretario del ministro, Javier Taborda, habría sido hasta años recientes socio de esta contratista del Estado.
Grahovac fue quien solicitó la investigación, pero la rapidez con que su pedido fue desestimado alimenta las suspicacias. Ahora, el ministro solicitó la intervención del fiscal Anticorrupción, para despejar definitivamente las dudas.
Flaco favor les hace, pues, esta velocidad de la Justicia al funcionario y a la opinión pública, cansada de medias verdades que nunca terminan de aclararse, de suspicacias y sospechas que se nutren de esta llamativa “armonía” argumentativa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
En este caso, como en varios otros que involucran a funcionarios públicos, no hubo investigación y todo se resolvió con celeridad.
En cambio, cuando un recurso de amparo pretendió impedir la polémica demolición de la Casa de Gobierno dispuesta entre gallos y medianoche y sin consulta pública alguna, la Justicia provincial –que hubiera podido paralizar las obras de demolición a tiempo– se demoró en vericuetos legales mientras las paredes se derrumbaban de manera irremediable.
Es una pena, además de representar una grave mancha para la calidad institucional, que la Justicia defraude cada vez que es requerida como instrumento de control de la gestión pública y sea funcional al argumento del oficialismo de someterse a ella ante cada denuncia.
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