CHILE RECHAZO EL PEDIDO DE ASILO REALIZADO POR EL EX JUEZ MENDOCINO
Romano se quedó sin refugio
El gobierno de Piñera desestimó que existiera una
supuesta persecución contra Otilio Romano, procesado en Argentina por
delitos de lesa humanidad. También le anuló la visa de residencia
temporal. Ahora la Corte chilena analiza si lo extradita o no.
El gobierno
chileno rechazó el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio
Romano con el argumento de que no lo considera un perseguido político y,
además, le anuló la visa de residencia temporaria que le dio resguardo a
pesar de estar prófugo. Romano está procesado por la Justicia argentina
como partícipe primario de delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante en su provincia.
La resolución del Ministerio del Interior de Chile es concluyente: “Del
estudio de todos los antecedentes aportados y recabados no fue posible
acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dice. Esta
decisión aumenta las posibilidades de que la Corte Suprema del país
vecino resuelva extraditarlo, ya que le resta argumentos y pone en
evidencia que habría sobreactuado en busca de protección. El juicio de
extradición está en pleno trámite.
Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.
La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.
Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.
El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194330-2012-05-18.html
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