El derecho ciudadano de saber
Con pesar sostengo que la Argentina no merece sumarse a
los 55 países que conforman la Alianza de Gobierno Abierto.
Tímidamente, podría aspirar a solicitar su ingreso cuando cuente con el
mínimo requisito de haber sancionado una ley de acceso a la información
pública y diseñado un plan de gobierno abierto.
El gobierno abierto es una innovadora política que
profundiza y garantiza el derecho humano de acceso a la información en
poder del Estado. En la actualidad, lo favorecen las ventajas y las
infinitas posibilidades provistas por las nuevas tecnologías e Internet.
Los gobiernos que eligen implementar una política de
gobierno abierto ponen a disposición libre, gratuitamente y online
grandes volúmenes de datos públicos desagregados, que se publican en
formatos abiertos y procesables por máquinas, para permitir nuevas
interpretaciones de la información a partir de cruces de datos,
visibilizaciones y análisis sofisticados.
La Argentina es uno de los pocos países del hemisferio
que no poseen una ley de acceso a la información pública. Los
ciudadanos, con pleno derecho a saber, mendigamos información a través
de intercambios epistolares decimonónicos entregables en las mesas de
entrada de las oficinas públicas.
La Argentina sólo cuenta con el decreto 1172/2003, que
regula el derecho de acceso a la información y que sólo rige para una
parte del sector público. Su aplicación cayó en desgracia cuando Marta
Oyhanarte, la funcionaria a cargo, renunció debido a los obstáculos
impuestos desde la Jefatura de Gabinete de Aníbal Fernández.
Andrés Larroque, reemplazante de Oyhanarte y líder de
La Cámpora, desmanteló los esforzados aunque tibios avances alcanzados
por la gestión precedente. A la luz de las decisiones del funcionario es
dable concluir que el acceso a la información pública no tiene registro
entre los derechos humanos que dice predicar la iluminada vanguardia
juvenil.
Larroque incumplió el decreto que le tocaba aplicar
argumentando que una ciudadana peticionante de información -quien
suscribe la presente- debía acreditar "interés legítimo", desconociendo
estándares y tratados internacionales y, especialmente, el fallo "Claude
Reyes vs. Chile" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, negó el acceso a la nómina de personal de su
Subsecretaría aduciendo que el nombre y apellido de los empleados
públicos ingresan en la categoría de "datos personales" que deben
protegerse, lesiva interpretación apuntalada en sucesivos dictámenes de
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio
de Justicia.
Hasta tanto la presidenta de la Nación no ordene
(porque así funcionan las cosas) a su bloque de diputados nacionales
sancionar la ley de acceso a la información pública enviada por el
Senado a fines de 2010, la Argentina no merece ocupar el pedestal de las
naciones que con leyes, presupuesto y decisión política eligieron el
camino de la transparencia para elevar los costos de la corrupción.
Adelantándome a las críticas de cipayismo y antipatria,
muy de moda estos meses, respondo que quienes han ido en contra de los
intereses de la Nación en materia de transparencia y lucha contra la
corrupción ocupan cómodos sillones en la Casa Rosada.
El gobierno de Cristina Kirchner ha hecho poco y nada
para torcer el destino de la Argentina, que se ubica entre los países
habitualmente "percibidos" como más corruptos del mundo. En todo caso,
ha hecho mucho para profundizar ese camino patético que la nación no
merece.
Los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y el mundo global nos exigen transparencia. Se requiere
información sobre el ambiente, la exploración y la explotación de
recursos naturales, el patrimonio y los conflictos de intereses de los
funcionarios, los contratos públicos y los contratistas, el presupuesto y
sus ejecuciones, los planes sociales y de vivienda, entre otros. Se
exige que estos datos se publiquen online y en formato abierto.
Sin embargo y pese a todo eso, nuestra Presidenta
persiste en elegir la opacidad a la transparencia. Ese código de
silencio y protección, inapropiado para una democracia moderna, nos
condena a reproducir la desesperanza colectiva frente a la impunidad de
los corruptos.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1474165-el-derecho-ciudadano-de-saber
Comentarios
Publicar un comentario