La discusión ausente: ¿Qué tipo de juez queremos para la Corte Suprema?

Por Guadalupe Valcarce Ojeda.

Desde que, finalizando el pasado año, Eugenio Raúl Zaffaroni hizo conocer su decisión de renunciar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término del 2014 los operadores políticos y judiciales comenzaron a discutir acerca de quién sería su reemplazante. Incertidumbre que finalizó cuando el 29/01/2015 la Presidenta, en los términos del artículo 4 del decreto 222/03, oficializó la propuesta de Roberto Carlés para ocupar el cargo vacante mediante su publicación en el Boletín Oficial. 

En cuanto se hizo conocida la postulación de Carlés se levantaron las voces en favor y en contra –las más-. A grandes rasgos, las principales objeciones pueden resumirse en: su edad –al momento de la nominación Carlés tenía 33 años-, lo que para algunos implicaría falta de madurez y de experiencia para desempeñar la función para la que se lo propone; su carencia de credenciales que lo legitimen para ocupar el cargo; su afinidad con el gobierno actual – particularmente a partir de ciertas declaraciones o menciones que efectuó-, algunas inconsistencias en su CV, entre otras.

El pasado 26 de febrero el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para su tratamiento tras haber vencido el plazo para la presentación de apoyos e impugnaciones a la candidatura de Carlés, hasta esa fecha la nominación había recibido el apoyo de 117 instituciones y 843 particulares y el rechazo de 25 instituciones y 153 particulares. Y el 31de marzo se realizó la audiencia pública en el Senado en la que los representantes de las provincias argentinas y de la CABA y diversas organizaciones no gubernamentales tuvieron la oportunidad de preguntarle al candidato sobre las más variadas cuestiones durante aproximadamente seis horas en el recinto. Las preguntas se centraron en su opinión acerca de temas como acceso a la información pública, status jurídico del embrión, aborto, tenencia de estupefacientes para el consumo personal, emergencia, obligatoriedad de sentencias y opiniones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, etc.., pareciéndose mucho a un examen de Derecho. Apenas se le efectuaron un par de consultas referidas a su discutido CV.

Lo que más se lamentó es la ausencia de preguntas que ahondaran en la concepción que tiene Carlés de la función de la Corte Suprema como poder del Estado, sobre su rol institucional, las relaciones con los demás poderes, la construcción de la agenda pública de la Corte, las estrategias de visibilidad, la adopción de nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos judiciales, etc.. Y estas preguntas no constituyen una mera inquietud académica, sino que tienen por finalidad inmediata descifrar el modo en el que el candidato entiende la función para la que se lo postula. Su ausencia muestra también el poco interés que despierta en los Senadores el análisis del perfil de los miembros de la Corte Suprema.

¿Qué tipo de juez queremos? ¿Un juez con un abultado CV y perfil académico? ¿Un juez con un perfil basado en una amplia trayectoria profesional? ¿Un juez activista o un juez moderado? ¿Un juez que asuma el rol político que le corresponde a la Corte Suprema o un juez que se empecine en entenderla exclusivamente como un órgano jurisdiccional?1 Entiendo que las primeras preguntas deberían ser estas, las que nos lleven a comprender cómo es el juez que queremos para nuestra Corte Suprema y qué esperamos de él.

Fuente: DPI Cuántico (http://www.dpicuantico.com/constitucional/diario-constitucional-y-derechos-humanos-nro-64-27-04-2015/doctrina-en-2-paginas/?pdf=http%3A%2F%2Fwww.dpicuantico.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FConstitucional-Doctrina-2015-04-27.pdf%2F).