En la mira: abogados contra vocal del TSJ

El Colegio de Abogados amenaza con pedir juicio político contra Luis Rubio, titular de la Sala Laboral, por supuesta mora. Dicen que será después de las elecciones. Desde el Tribunal Superior, vinculan esa acción a sectores de la denominada industria del juicio.
El Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba está a la espera de un dictamen de la Federación Argentina que nuclea a esos profesionales, para impulsar un juicio político por mora a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que preside el vocal Luis Rubio.
Alejandro Tejerina, presidente de la entidad profesional, subrayó que “la mora es causal de juicio polí­tico”, pero sostuvo que, 
de todas maneras, el Colegio pidió hace tres semanas un dictamen a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), para que sobre la base de ese informe se convoque a una asamblea de todos los abogados de la provincia para que se pronuncien, por sí o por no, sobre el eventual juicio político.
“La Sala Laboral tiene una mora no inferior a cinco años, aunque hay recursos que llevan siete, nueve y hasta 12 años”, reprochó el titular del Colegio de Abogados.
No obstante, aseguró que, aunque los abogados voten a favor del juicio político, el Colegio esperará hasta después de las elecciones del 27 de octubre, para que no se vincule esa acción con fines partidarios.
Rubio, un hombre del pe­ronismo, fue designado vocal del alto tribunal en 1998 por 
el entonces gobernador Ramón Mestre. También ejerce la ­pre­sidencia del Consejo de la Magistratura provincial, organismo colegiado que designa a los jueces.
Desde entonces, Rubio ha ­sido ratificado por el Tribunal Superior como titular del ­Consejo.
Según un informe que realiza el alto tribunal, de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013 ingresaron en la Sala Laboral 924 recursos y fueron dictadas 1.002 resoluciones. Del total de las causas ingresadas en 2011, se resolvieron 368 y quedan pendientes 467 de ese año.
La Sala Laboral es la que ­tiene mayor cantidad de re­cursos ingresados y reso­luciones dictadas. En acumulación de expedientes, sigue la Sala Penal, con 751 recursos ingresados y 766 resoluciones dic­tadas hasta el 30 de 
abril último.
Industria del juicio
Consultado por este diario, Rubio se excusó de hacer declaraciones a la espera de que se promueva o no el pedido de juicio político. Fuentes próximas al alto tribunal vincularon la decisión de Tejerina, quien es abogado laboralista, con la acción emprendida por el alto cuerpo contra la denominada “industria del juicio”.
La investigación de la llamada “industria del juicio” fue abierta en Córdoba luego de que a fines de 2009 el superintendente de Riesgo del Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, amenazara con presentar una denuncia ante la Justicia federal por la alta litigiosidad laboral en la provincia.
A partir de esa intervención, el TSJ motorizó la pesquisa. 
El 12 de agosto de 2010 hubo allanamientos ordenados por 
el fiscal Enrique Gavier y se detuvo e imputó a médicos y abogados. La causa está elevada a juicio en la Cámara Novena del Crimen.
Básicamente, la operatoria de algunos abogados consistía en tentar a trabajadores para demandar a la patronal por enfermedades laborales inexis­tentes, con certificados médicos fraguados. En algunos casos, las ART acordaban, con los letrados y los trabajadores, un arreglo para evitar ir a juicio, lo que supone un costo mayor.
Tejerina sostuvo que la mora en el área laboral “va en crecimiento” y consideró que la Sala Laboral del TSJ no puede reclamar celeridad a los jueces laborales, porque es la que tiene más atraso. “Rubio es presidente del Consejo de la Magistratura y está allí los miércoles, jueves, viernes y sábado, y le pone mucho esfuerzo. Pero, además, es encargado de todo lo edilicio; entonces, cómo hace para dictar fallos”, se preguntó.
Consideró que en la Justicia laboral hay una “crisis estructural, que cada vez se agrava más, y un problema edilicio”.
Desde el Palacio de Justicia, remarcaron que muchos recursos que se encuentran en el TSJ se demoran por casaciones de las partes y la intervención de la Corte Suprema de Justicia, y no por mora en dictar sentencia dentro del alto cuerpo.
En el fuero laboral, hay 10 juzgados de Conciliación y la Cámara Única, con 11 salas, con tres jueces cada una. Dijo que el Colegio pidió que en los juzgados de Conciliación se incorpore un prosecretario más y que se agregue otra sala en la Cámara Única.
“Estamos firmemente decididos a hacer el juicio político y hemos invitado al resto de colegios de abogados de la provincia a que adopten la misma medida”, afirmó Tejerina.
El directivo cuestionó también al Tribunal Superior por no sentar jurisprudencia sobre temas que evitan acumular causas, como la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. Señaló que todavía hay criterios que el TSJ no adoptó y, a causa de ello, se están acumulando cientos de causas laborales que van en recurso al alto tribunal.
Desde el TSJ, admitieron que la nueva Ley de Riesgos del Trabajo generó diferencia de criterios entre los jueces, particularmente en relación con la aplicación retroactiva del pago de la demanda, pero anticiparon que el alto cuerpo fijará pronto jurisprudencia.
Lo que dice la Constitución
Capítulo cuarto de la Constitución provincial. Se establece el mecanismo de juicio ­político que incluye al gobernador, al vicegobernador, a los miembros del Tribunal de Cuentas, ministros, fiscal de Estado, fiscal General y defensor del Pueblo.
Todos ellos pueden ser sometidos a juicio político por las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad.
Cualquier ciudadano ­puede denunciar, ante la sala acusadora de la Legislatura, para que se promueva el juicio político.
En la Unicameral, el oficialismo tiene amplia mayoría para decidir si puede prosperar un juicio político. Y en caso de prosperar, ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la ­totalidad de los miembros.

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