Si la deuda es una apuesta, ganar no es un “derecho”

Sería ingenuo creer que un inversor arriesgaría su dinero con la única previsión de asegurar la cobertura de futuros gastos judiciales, a menos que de algún modo ello reportara mayores beneficios.
Por Sol Minoldo*

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Frente al calificativo de “fondos buitre”, algunos podrían suponer que se trata de un eufemismo despectivo para justificar una ilegítima “indisciplina fiscal”. Ahora bien, ¿es verdaderamente legítimo reclamar el pago del valor completo de la deuda?
El negocio del mercado de capitales funciona al estilo de las apuestas. Cuando un país necesita préstamos, el “riesgo país” mide la probabilidad de que no pague, en virtud del deterioro de su solvencia y, por tanto, de su potencial incapacidad para afrontar los compromisos contraídos. Cuanto mayor sea el riesgo país, más altas serán las tasas de interés exigidas por los prestamistas. Así, se apuesta por la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios pero, aunque puede implicar un gran negocio, la apuesta conlleva muchas posibilidades de perder.
Los acreedores argumentan que las sobretasas son para cubrir los gastos judiciales en caso de necesitar llegar a un litigio para lograr el pago, pero resulta una explicación poco creíble. Si las sobretasas respondieran a la estimación de ese costo concreto, no habría razón para suponer mayores gastos judiciales en países de riesgo muy alto, respecto de aquellos de riesgo moderadamente alto.
Además, sería ingenuo creer que un inversor arriesgaría su dinero con la única previsión de asegurar la cobertura de futuros gastos judiciales, a menos que de algún modo ello reportara mayores beneficios que prestar a potenciales deudores solventes, seguros y puntuales.
Ese beneficio extra es al que responden las tasas de interés extra altas y allí reside la apuesta: la posibilidad de jugosos beneficios extraordinarios a partir de altas tasas de interés constituye una apuesta que, como cualquier otra, se hace a riesgo de perder o, en este caso, de no cobrar todo lo acordado.
Los fondos buitre
Cuando una deuda entra en default, como la latinoamericana durante la década de 1980 o la Argentina en 2001, la probabilidad de recibir el pago se vuelve incierta. El valor en la bolsa de los bonos en default es lo poco que alguien estaría dispuesto a invertir en un negocio incierto, al no existir certezas de que la deuda sea finalmente pagada o, en su caso, bajo qué condiciones.
Así ocurría que, si un bono decía que la Argentina le debía mil dólares a su poseedor, un especulador financiero podía conseguirlo pagando en la Bolsa, por ejemplo, 200 dólares, esperando que algún día la Argentina le devolviera los mil. Son estos especuladores a quienes se les llama coloquialmente “buitres”, y es usual que las deudas en default terminen por lo general en manos como las suyas.
De hecho, esta es la historia de nuestros actuales acreedores de deuda en default, y en particular de aquellos que hoy reclaman en la Justicia estadounidense. Ellos ni nos han prestado, ni han invertido lo que reclaman, ni han desconocido los riesgos a los que se atenían con su jugada. Son especuladores que buscan el mayor beneficio con la menor inversión, la más gráfica expresión de un modelo económico, el capitalismo financiero, en el que el oportunismo puede ser abismalmente mejor retribuido que el esfuerzo, el trabajo y la inversión en producción real.
Del “default” al litigio
Cuando en 2003 se establecieron los términos de la renegociación de la deuda argentina para salir del default, estos fueron aceptados por la mayor parte de los acreedores, aunque implicara una quita del 75 por ciento sobre el valor del capital adeudado.
La deuda que quedó fuera de la negociación nunca dejó de estar en default y una minoría de aquellos acreedores es la que reclama ante la Justicia estadounidense que Argentina le pague el 100 por ciento de la deuda. Es decir, un beneficio que equivale al 400 por ciento de lo que Argentina acordó pagar a quienes aceptaron la renegociación.
Lo cierto es que hacerlo sería ilícito frente a quienes tienen bonos legítimos (es decir, los que fueron renegociados de forma legal) o, incluso, podría suponer consecuencias catastróficas para nuestro país en caso que debieran reverse los compromisos con el resto de los acreedores (que, por supuesto, podrían reclamar igualdad de trato).
Es difícil que semejante panorama pueda justificarse por el beneficio de esta minoría, especuladores que compraron deuda a precios miserables y pretendieron hacer un gran negocio, apostando a un juego del que Argentina, luego de una década de caótica experiencia neoliberal, ha decidido dejar de formar parte.
El modelo de especulación financiera colapsó en Argentina con la crisis de 2001. Los costos puede pagarlos la sociedad toda mediante una cruenta reestructuración, retroceso de derechos, pobreza, desempleo, etcétera, para asegurar el pago de la deuda externa. O pueden pagarlos quienes hicieron sus apuestas sabiendo que la rueda de la timba financiera, rodando a toda velocidad, descarrilaría de un momento a otro.
Se trata de una decisión política que amerita el respaldo de toda la sociedad, para continuar desconociendo las condiciones de endeudamiento previas a 2003.
*Licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

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