Calcagno: una reforma constitucional para poner la propiedad en función social
Defendió el proyecto para derogar jubilaciones de magistrados. Consideró que con el debate sobre el dólar “blue” se intenta “marcarle la cancha” al Gobierno.
En el marco de un primer semestre enrarecido desde el punto de vista económico por los controles sobre el dólar y la desaceleración que revelaron algunos indicadores, el debate político y legislativo quedó en el segundo plano aunque con temas importantes, como la posibilidad de una reforma constitucional y los cambios en las jubilaciones de magistrados y diplomáticos. Comercio y Justicia dialogó sobre estos temas con el diputado Eric Calcagno, uno de los referentes del oficialismo en el Congreso.
- ¿Cómo analiza los conflictos que se están dando alrededor del dólar?
- Es necesario poder percibir lo que es esencial de lo que es accesorio. Esta cuestión del mercado “negro” del dólar es un intento, llevado adelante por algunos sectores del establishment, por “marcarle la cancha” en lo económico-financiero al Gobierno nacional. El dólar del mercado “negro” no tiene una incidencia económica importante puesto que estamos hablando de menos de 10% del mercado total. Se pueden comprar cuantos dólares uno quiera en el mercado libre con tipo de cambio oficial siempre que se demuestre el origen de los fondos, lo cual es importante para hacer más transparente un lugar que escapa muchas veces a las cuestiones institucionales y que en la historia argentina se ha metido de lleno en las pujas políticas. Pensemos, por caso, en las corridas que ha habido como modo de hacer presión sobre el Gobierno y lesionar la política económica y la economía nacional en su conjunto.
- Diversos sectores del oficialismo se han expresado a favor de una reforma constitucional. Pero ese debate está centrado, casi siempre, en la posibilidad de habilitar una nueva reelección presidencial. ¿Qué debates económicos de envergadura pueden darse con una reforma constitucional?
- Como en economía, también en derecho hay diferentes paradigmas y modos de ver la realidad. Nosotros adscribimos al “realismo político”, que en materia de derecho constitucional no sólo tiene su fuente en Aristóteles sino que en la Edad Moderna ha sido un pensamiento muy rico, que va desde Ferdinand Lassalle –el jurista alemán- hasta Arturo Enrique Sampay, quien fue el alma de la Constitución de 1949.
¿Qué dice esa corriente de pensamiento? Que las constituciones sirven para sancionar transformaciones o retrocesos en las sociedad, establecen un modo de convivencia y las reglas que tienen que primar y cuáles son los valores fundamentales. Quizás en nuestra rica historia esa Constitución liberal de 1853 que estableció determinado régimen de gobierno y abrió la inmigración masiva como proyecto de país pudo en su momento tener algunos elementos que acompañaban el progreso. Luego se dio la Constitución de 1949, sancionando todo lo que fueron los derechos sociales, que fue posible porque las relaciones de fuerza habían cambiado.
Hoy, las profundas transformaciones que ha vivido Argentina ameritan la discusión y el debate acerca de una reforma constitucional. Transformaciones que, por cierto, se dan desde 2003 pero que se enmarcan en la evolución histórica de Argentina en ese camino hacia la modernidad que fue representado por presidentes como Yrigoyen, Perón y en muchos aspectos por Frondizi, entre otros.
Creo –y es una opinión personal- que vale la pena una discusión acerca de una reforma constitucional que rinda cuenta de los grandes desafíos que tiene Argentina. Que salga de ese individualismo a ultranza, de esa primacia absoluta de la propiedad privada sobre cualquier otra consideración para poner -como marcaban los constitucionalistas sociales del siglo XIX e incluso la Doctrina Social de la Iglesia- la propiedad en función social, el rol del individuo que puede realizarse dentro de una sociedad que se realiza.
Evidentemente, la cuestión de la reelección será un tema que pueda tratarse o no, de acuerdo con la temática o la oportunidad que juzge la conducción nacional; los temas y los tiempos los pone la Presidenta.
Entonces, si retomamos a Lasalle o seguimos con Sampay, lo que necesitamos es una Constitución que se parezca a la Argentina de hoy y que pueda solucionar los desafíos actuales y los del futuro. De lo contrario, siempre nos referimos a constituciones anteriores que reflejan relaciones de fuerza que ya no existen más.
- El oficialismo tiene un proyecto para derogar jubilaciones de privilegio de magistrados y diplomáticos. ¿Por qué es necesario debatirlo ahora?
- La Presidenta, en su discurso del 1 de marzo en el Congreso, señaló que el titular de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social), Diego Bossio, iba a presentarse ante el Congreso para exponer sobre los regímenes de privilegio que subsisten en el sistema jubilatorio, básicamente el tema de los magistrados y de los diplomáticos. Y también pidió que los legisladores pudiésemos analizar y considerar el hecho de que muchos fallos de la Justicia inciden sobre la formulación de la política jubilatoria en Argentina. Nos parece que es un poder que tiene que administrar y llevar adelante la Justicia pero que no puede establecer una política jubilatoria. Y con diversos fallos lo que hace es establecer, en los hechos, una política jubilatoria que no es sostenible. Por lo tanto, el lugar para discutir y considerar la razonabilidad y sostenibilidad de todo el sistema jubilatorio es el Congreso.
Estamos discutiendo una iniciativa para terminar con los regímenes de privilegio y también evitar una litigiosidad excesiva en sus montos. No puede ser que por un juicio un señor gane 121 mil pesos por mes de jubilación, porque eso hace inviable el sistema; inviable e injusto.
Nosotros hemos privilegiado la inclusión por sobre el privilegio y vamos a seguir con esa apuesta, por eso se aumentó mucho la jubilación mínima, hay una ley de movilidad jubilatoria que las actualiza regularmente y hemos impulsado la inclusión de 2,5 millones de adultos mayores. Por todo ello, en esta segunda etapa de las políticas de inclusión debemos concentrarnos en los regímenes de privilegio y en que la política jubilatoria se defina a partir de las instituciones correspondientes.
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