Los jueces y sus mañas: una reforma para sostener viejas prácticas

Recientemente el Senado de la Nación avanzó en la elaboración y discusión de los proyectos de ley necesarios para la implementación del nuevo código procesal penal nacional. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) hemos asistido con gran expectativa al debate iniciado semanas atrás en el Parlamento. Sin embargo, advertimos con gran desazón, que el proyecto de implementación y de organización del poder judicial, la ley que regula la forma en que se organizan los jueces para cumplir con su función, atenta contra la eficacia del nuevo modelo de administración de justicia.

Largos y extensos años tuvimos que esperar para poder contar con un código procesal que permita el establecimiento de un sistema penal ajustado a los principios constitucionales; procurando brindar transparencia, publicidad y valores republicanos a un poder judicial autista, históricamente no acostumbrado a rendir cuentas sobre su trabajo.  El nuevo código, que aún espera su entrada en vigencia, pretende también avanzar hacia un sistema dinámico y eficaz en la investigación de delitos de mercado y organizaciones criminales complejas, cuya falta de persecución afecta a la seguridad de todos. En esa sintonía, el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal cumple con la readecuación organizativa necesaria para estos fines.

Sin embargo, para que estas promesas de eficacia y trasparencia puedan ser efectivamente cristalizadas y no queden reducidas a una mera declamación de principios, es preciso transformar las vetustas y arcaicas organizaciones judiciales actuales, pensadas para tramitar expedientes de imposible acceso para la prensa y la ciudadanía, pergeñadas por un modelo de justicia escrito, ideado hace dos siglos atrás. Lamentablemente, el proyecto de organización del poder judicial que será discutido por el pleno del Senado de la Nación, dista mucho de resolver adecuadamente esta cuestión. Pensar que la gestión y organización de un tribunal que deberá resolver todo a través de un sistema de audiencias públicas, puede ser gestionado con la actual organización administrativa es, cuanto menos, desconocer la realidad del funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia.

Diseñar un sistema de audiencias requiere de mucha coordinación administrativa para que las mismas se realicen en el tiempo requerido y los jueces resuelvan oralmente y de forma inmediata en ellas. El proyecto de ley de implementación exhibe un modelo de oficinas judiciales extremadamente deficiente que, lejos de bregar por la eficacia y transparencia de la función judicial, permite a los jueces continuar trabajando a espaldas de la sociedad, sin rendir cuenta de sus decisiones, delegando funciones en personal subalterno que no ha sido designado para ello.

Por otro lado, resulta llamativo que no se haya fijado una fecha exacta de entrada en vigencia del código procesal penal para la justicia federal. Entendemos que varios distritos del interior del país, en los que ya se encuentran implementados sistemas adversariales, como Santiago del Estero o Mar del Plata entre otros, están en óptimas condiciones para comenzar con una implementación escalonada del nuevo sistema penal. Es absolutamente necesario que la Comisión Bicameral comience a trabajar prontamente en la definición del esquema de implementación para la Justicia Federal. Retrasar su entrada en vigencia no hace más que afectar el éxito de la reforma.

Hace más de 25 años que desde el INECIP venimos acompañando e impulsando la reforma del sistema de justicia penal, convencidos de la imperiosa necesidad de la misma. Esperamos que el Congreso Nacional en su conjunto advierta el inconveniente de la decisión, y debata seriamente la nueva estructura organizativa del Poder Judicial. No debe permitirse bajo ningún punto de vista que ésta pueda claudicar ante negociaciones o acuerdos para comodidades propias o ajenas.

Fuente: www.inecip.org