Desconfianza en la Justicia

La opinión pública no tiene una buena imagen sobre la Justicia, pero habría que tener en cuenta diversos factores.

Que sólo el 16 por ciento de los ciudadanos de la ciudad de Córdoba considere que la Justicia funciona bien, según una reciente encuesta, no debería sorprender a nadie, pues ese mismo porcentaje –puntos más o menos– es la opinión de la gente sobre la actuación de todos los poderes y jurisdicciones del Estado. Seguramente si la pregunta estuviera referida a cómo funciona la Municipalidad de Córdoba o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el porcentual de aceptación sería menor.

Es indisimulable e incontrastable; incluso, no harían falta encuestas para demostrar el hartazgo de la ciudadanía por la ineficiencia de las instituciones, por la mentira de las estadísticas oficiales, por la falta de respuestas concretas a los problemas de la inseguridad y a las demandas de justicia, además de los generados por el desempleo y la pobreza, y en especial por las desigualdades y contrastes sociales. En el entramado social todas las cuestiones se conectan, y los reclamos apuntan en una misma dirección: la falta de respuestas a lo que pide la gente.

En cuanto a la Justicia como poder del Estado, hay cuestiones paradójicas, como que sólo el 16 por ciento de los cordobeses considere que funciona bien, cuando el Poder Judicial de Córdoba está considerado como uno de los más prestigiosos del país. Lo dijo el titular del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia con estas palabras: “La Justicia de Córdoba está considerada entre las mejores del país, y hace más de 10 años que se habla del ‘modelo Córdoba’”. Admitió, no obstante, que hay problemas de infraestructura, presupuesto, sobredemanda, etcétera.

La Justicia de Córdoba es una de las mejores del país, y ha hecho escuela en otras provincias. Vale recordar, por caso, el episodio de Catamarca después del crimen de María Soledad Morales, cuando magistrados y funcionarios cordobeses fueron llamados a impartir justicia.

Claro que en esta ciudad hay otra jurisdicción –los Tribunales Federales de Córdoba– que constituye un poder autónomo de la Justicia provincial y tiene otra historia.

Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba y a la vez vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la República Argentina, dijo que “la gente a veces no coincide con los jueces y eso tiene que ver con la forma en que los medios presentan los casos; la prensa podría contribuir a fomentar el crédito de la Justicia si presentara los casos con mayor objetividad”.

Los medios de comunicación, en efecto, tienen que reflexionar sobre su responsabilidad en este tema. Pero también deben hacerlo los magistrados, ya que el vedettismo y el protagonismo de algunos jueces tienden a confundir a la población sobre su rol e independencia. Y muchos creen ver en ellos a todo el cuerpo de jueces, oculto quizá tras el trabajo serio, académico y honesto. De aquellos emana el mensaje de las encuestas.

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