Los jubilados, forzados a litigar

La estrategia del Gobierno hacia los jubilados está basada en una sistemática negación de los derechos previsionales. Esta conducta ilegal no tiene freno y obliga a que, de manera individual, cada afectado recurra a la Justicia a fin de hacer valer sus derechos.
Pero la lesión que el ANSeS causa a las personas retiradas tiene una considerable demora en ser reparada, debido a la saturación de los juzgados, las apelaciones de los agentes gubernamentales y las dilaciones en efectivizar los pagos dispuestos por los jueces. Mientras el Gobierno retacea la asignación de los fondos a sus legítimos titulares, dispone de los recursos previsionales con absoluta discrecionalidad. obteniendo un financiamiento barato para los fines más diversos y cuestionables. La litigiosidad de los jubilados es, entonces, enorme y provocada por un abuso gubernamental que, irresponsablemente, pone al borde del colapso a la Justicia. En la actualidad, hay unas 450 mil causas sin sentencia y la persistencia de las causas que obligan a litigar indica que el número irá creciendo. El ANSeS no cumple con los ajustes de haberes que dispuso la Corte por el período 2002/2006 e incumple, también, con el mecanismo válido de determinación del haber del nuevo jubilado, provocando que la mayoría de estas flamantes jubilaciones sean de montos menores al 40% del sueldo promedio que tuvo la persona en los últimos diez años de trabajo activo.
Además, ha disminuido el ritmo de cancelación de las sentencias judiciales. En 2009 se pagaron 27 mil juicios, en 2010 22 mil y este año serían menos de 20 mil, agravando la situación de los jubilados y mostrando un marcado desapego por los principios legales, los derechos que les corresponden a las personas que han trabajo y cumplido los requisitos para acceder al retiro y también por el mandato de los jueces, el cual se ve reiteradamente devaluado por el reticente cumplimiento de las sentencias. Y lo más perturbador es que no existe ninguna previsión oficial para superar esta encrucijada causada por los recurrentes incumplimientos legales del Estado.
La estrategia de negación de derechos jubilatorios por parte del Gobierno ha creado una creciente litigiosidad para la cual no hay previsión de salida.

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