Colonización del Tribunal Fiscal
Pese a las críticas y planteos judiciales, el Gobierno continúa avasallando un ente tributario con designaciones irregulares.
Paso a paso, y con total impudicia, el Gobierno sigue adelante con su avasallamiento de los organismos de contralor. Ahora le toca al Tribunal Fiscal, un ente autárquico creado en 1960 que tiene por función revisar las decisiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Para forzar los cambios en ese tribunal, el Gobierno hizo jurar ante el escribano general de la Nación a siete funcionarios, pese a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había ordenado que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, no llevara a cabo los juramentos y había frenado la designación de esos vocales por pedido de uno de los aspirantes, quien consideró que no se habían cumplido los requisitos técnicos para este concurso, que, a su vez, fue muy criticado por varios de los participantes.
Pedro Zolezzi, el aspirante que objetó las designaciones ante la Justicia, consideró que la jura ante la Escribanía de Gobierno fue una "artimaña" con poco efecto práctico, porque un vocal del Tribunal Fiscal debe jurar ante este organismo y no ante un escribano, por más que se trate del escribano de Gobierno.
El Tribunal Fiscal ha gozado hasta hoy de un merecido prestigio por la habitual imparcialidad de sus fallos. Lo que ha hecho el Gobierno con esta nueva muestra de autoritarismo es procurar ubicar en puestos clave a funcionarios allegados al oficialismo, a los que se habría elegido, en su mayoría, no por su idoneidad, antecedentes y experiencia, sino por su índole funcional a los deseos y necesidades político-partidarias del Gobierno. Casi todos ellos tienen padrinos políticos.
La presidenta Cristina Kirchner efectuó las designaciones mediante un decreto que firmó junto con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, lo que generó inmediatas reacciones de rechazo dentro y fuera del Tribunal Fiscal.
Este nuevo avasallamiento es otra muestra de la continuidad de prácticas kirchneristas como la colonización de la Justicia y de los órganos de control. Pasa por colocar tropa propia en esos ámbitos y, si eso no es posible, recurrir a la presión, o retacear los fondos o la información para que los organismos de contralor no puedan funcionar adecuadamente o, directamente, queden bloqueados o paralizados, como ocurre con el Consejo de la Magistratura. Llegado el caso, como lo ha hecho ya varias veces, desoye los fallos judiciales.
Estas prácticas autoritarias e ilegales no son sólo la manifestación de una ambición desmedida, sino la exteriorización de una aberrante metodología para procurarse una constante impunidad.
Basta con ver la incesante catarata de escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios y allegados al Gobierno para advertir que el dominio que el kirchnerismo ejerce sobre parte de la justicia federal y la inacción de los órganos de control se traduce en investigaciones judiciales lentas, parciales y tramposas, siempre en beneficio de los funcionarios, empezando, como ha ocurrido, con el matrimonio Kirchner, cuando resultó beneficiado con un absurdo sobreseimiento en una causa por enriquecimiento ilícito.
A su vez, el sometimiento del Tribunal Fiscal, de la Justicia y de los órganos de control nos muestra otra faceta perversa de la impunidad, fácilmente advertible en el escándalo protagonizado por los Schoklender, las Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno, y que consiste en mantener las condiciones para que desde el Gobierno se pueda seguir delinquiendo sin ningún temor. Impunidad para delinquir en silencio e impunidad si luego el delito es descubierto.
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