Analizan derogar la equiparación para jueces
La decisión del gobernador De la Sota es no prorrogar la aplicación de esta norma, que engancha los salarios de magistrados provinciales con los federales. El costo anual sería de 200 millones de pesos. Podrían negociar una implementación gradual.
A pocos días de que venza el plazo (1° de noviembre) para comenzar a aplicar la ley de equiparación de salarios de los jueces y funcionarios provinciales con los de la Justicia Federal, el gobernador José Manuel de la Sota tomó una decisión política: no habrá una nueva prórroga.
La estrategia oficial es llegar a un acuerdo con la Asociación de Magistrados para ponerla en vigencia de manera gradual, o directamente la norma será derogada por el Poder Ejecutivo.
El 27 de diciembre de 2009, la Legislatura aprobó la ley 9.725, de equiparación salarial de los funcionarios del Poder Judicial de Córdoba hasta el 90 por ciento con lo que cobran sus pares de la Justicia Federal.
Actualmente, los jueces y funcionarios cordobeses cobran alrededor de un 40 por ciento menos de lo que percibe un par de la Justicia nacional.
En enero pasado, cuando esta norma iba a entrar en vigencia, el gobernador De la Sota prorrogó su aplicación hasta el próximo 1° de noviembre.
En los últimos días, corrió la versión de que el Gobierno iba a prorrogar por otro año la vigencia de esta ley que elevaría en un 25 por ciento los salarios de los funcionarios del Poder Judicial local.
Esto significaría para las arcas provinciales un desembolso anual de 220 millones de pesos.
Teniendo en cuenta la estrechez financiera de la Provincia, luego del corte de relaciones con la Casa Rosada, el gobernador no estaría dispuesto a realizar tal erogación para beneficiar a 1.762 jueces y funcionarios judiciales.
Según los números que en los últimos días analizaron el jefe de Gabinete, Oscar González, y el ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, la entrada en vigencia de esta ley se llevaría el año próximo casi la mitad de lo que se recaudará por la tasa vial, que serán alrededor de 500 millones de pesos.
Pese al costo político que debió pagar, De la Sota impulsó este gravamen a los combustibles para cubrir el bache financiero que produce en las cuentas provinciales la decisión de la Nación de no enviar un peso para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
El titular del bloque del peronismo, Sergio Busso, admitió el miércoles pasado que la decisión del Poder Ejecutivo era prorrogar por otro año la vigencia de la norma. Luego, el legislador oficialista no volvió a hablar del tema, ya que en el Centro Cívico estaban analizando otra salida.
Dos fuentes del Gobierno provincial confirmaron a La Voz del Interior que el gobernador tomó la decisión de no impulsar una nueva prórroga.
Se buscará una salida consensuada con la Asociación de Magistrado para que la ley entre en vigencia en un plazo de tres a cuatro años.
Si estas conversaciones no prosperan, De la Sota derogará esta norma que fue aprobada durante la gestión de Juan Schiaretti.
Silencio y espera. Desde la Asociación de Magistrados se mantiene un llamativo silencio. Este diario intentó hablar con el presidente del organismo gremial de los jueces, pero su titular, Luis Paoloni, mandó a decir que no opinará hasta conocer cuál es la estrategia del Gobierno.
La última reunión que los magistrados mantuvieron con funcionarios delasotistas fue en agosto pasado, cuando, según las autoridades de la Asociación, el Gobierno se comprometió a poner en vigencia este año la equiparación.
Sin embargo, en los últimos meses sucedieron hechos imprevistos, como la ruptura de todos los puentes con la Casa Rosada. Esto obligó al Poder Ejecutivo a impulsar una ley para prorrogar por seis meses los aumentos a los jubilados provinciales y a aprobar la mencionada tasa sobre los combustibles.
En este contexto, en el Gobierno creen que no están dadas las condiciones para aplicar esta ley de enganche con los salarios de los miembros de la Justicia Federal.
220 millones de pesos
Sería el costo financiero anual para la Provincia, si la ley de equiparación salarial entrara en vigencia el próximo 1° de noviembre.
Esta norma beneficiaría, con un aumento de alrededor del 25 por ciento, a los salarios de los miembros del Tribunal Superior; fiscal general y adjuntos; camaristas; jueces de primera instancia; fiscales de instrucción; ayudantes fiscales; prosecretarios; secretarios de primera y segunda instancia; asesores letrados; directores y subdirectores.
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