Impacto financiero, pero también político
En un contexto de cuentas públicas asfixiadas, protestas de estatales en contra del recorte a los aumentos de los jubilados y enfrentamiento con el Gobierno nacional, el gobernador De la Sota cree que no puede abrir otro foco de conflicto. Julián Cañas.
En un contexto de cuentas públicas asfixiadas, protestas de estatales en contra del recorte a los aumentos de los jubilados y enfrentamiento político con el Gobierno nacional, el gobernador José Manuel de la Sota cree que no puede abrir otro foco de conflicto. De allí, su decisión de intentar buscar una salida negociada para la entrada en vigencia gradual de la ley de equiparación o, directamente, eliminar esta norma.
La equiparación con los jueces federales tendría un doble impacto para la Provincia: el financiero, por los 220 millones de pesos que debería desembolsar el año próximo; y el político, ya que se agudizarían los reclamos de los empleados judiciales y el resto de los agentes públicos, que verían cómo se incrementan los ingresos a los jueces, que encima no tributan el Impuesto a las Ganancias.
En el marco de un estricto silencio de las partes, que antecede al comienzo de una negociación, en el Gobierno provincial están convencidos de que los magistrados aceptarán la aplicación gradual de la ley de equiparación. El plazo es el tema central de la discusión que se avecina.
En el Centro Cívico consideran que no debe ser menos de cuatro años, para que el enganche con los salarios de la Justicia Federal no impacte tanto en las cuentas públicas provinciales.
En una cuenta rápida, si la aplicación total demandara 220 millones de pesos anuales, repartir ese monto en cuatro años significaría poco más de 50 millones de pesos anuales. Esta cifra se acercaría a las necesidades financieras de la Provincia.
En realidad, la derogación de la postergada ley 9.725 significará abrir un conflicto con magistrados y funcionarios judiciales. La Asociación de Magistrados presentó un pedido de inconstitucionalidad para la ley que postergó por un año la aplicación de la equiparación salarial con los jueces federales.
Este pedido está en stand by hasta ver la estrategia del Gobierno provincial. La Asociación de Magistrados también generó un revuelo en Tribunales, ya que recusó a todos los miembros del Tribunal Superior para que pudieran expedirse sobre el pedido de inconstitucionalidad.
En este marco, una salida negociada beneficiará a todas las partes. El problema –como en toda discusión– son los términos del acuerdo.
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