ART: abogados contragolpean y pedirán el jury a tres magistrados ART: abogados contragolpean y pedirán el jury a tres magistrados
Se trata de los fiscales Gavier y Antuña y el juez Díaz, investigadores del fraude contra Provincia ART. También irán contra médicos de la Superintendencia, a quienes achacan negar patologías laborales.
El escándalo por presuntas estafas con demandas laborales a aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que en 2009 explotó a partir de la investigación de unos 700 casos en la Municipalidad de Córdoba y ahora con otros 1.500 litigios de empleados de la Provincia, promete escribir varios –y ruidosos– capítulos en los próximos meses.
El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Tejerina, anunció que convocará a una asamblea interna para avanzar en dos denuncias, a modo de réplica por los reiterados cuestionamientos que el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, viene realizando a la alta litigiosidad que se da en Córdoba.
Por un lado, los abogados pedirán el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Ernesto Gavier y Mariano Antuña, y contra el juez de control Esteban Díaz, quienes llevaron adelante la investigación por el presunto fraude en el municipio, en contra de la ART Provincia.
Por esa causa, a fines de 2010 Gavier dispuso la prisión preventiva de los abogados Claudio Viale y Francisco Rueda, quienes eran representantes de ART Provincia y sospechados de arreglar juicios en perjuicio de la administración pública.
Esa decisión fue ratificada a fines del año pasado por la Cámara de Acusación, al tiempo que Gavier fue beneficiado con una resolución de la jueza de Control en lo Penal y Económico Ana Lucero Offredi, quien ordenó archivar una denuncia que otros tres abogados habían entablado contra el fiscal, en una primera escalada que contó con el aval del Colegio.
La entidad profesional prepara además otra presentación, esta vez en la Justicia Federal, contra la comisión médica N° 5, que es la instancia de control interno de la Superintendencia de Seguros que fija los niveles de incapacidad de los demandantes en juicio laborales.
Según el Colegio, dicha comisión “sistemáticamente” tira al piso los porcentajes de discapacidad de los trabajadores que demandan, en contraste con lo que dictan luego las pericias oficiales.
Tejerina recordó que hace dos años ya formularon ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo contra el desempeño de esa comisión, pero se quejó de que nunca hubo respuestas.
La pulseada se reavivó el pasado sábado, cuando González Gaviola volvió a poner en el tapete los presuntos fraudes a ART en Córdoba y amagó con una nueva denuncia penal por lo ocurrido en Prevención ART, ahora en ámbito del Gobierno provincial. Dijo que la revisión de una treintena de expedientes arrojó que los empleados aducen patologías inexistentes y que se reiteran nombres de abogados y médicos que ya figuraban en la estafa previa a
Provincia ART, en el orden municipal.
Además de señalar que en realidad las irregularidades provienen de la propia Superintendencia, Tejerina le reclamó ayer a González Gaviola que en lugar de hablar de alta litigiosidad “se ocupe de bajar la siniestralidad” que hay en el ámbito laboral, y que las ART cumplan con las prestaciones previas que deben asegurar. “Lo único que están haciendo es meter miedo a los trabajadores para que no reclamen lo que les corresponde”, se quejó.
Una historia que se repite
Intereses. Detrás de las acusaciones cruzadas entre abogados y funcionarios por las demandas laborales a las ART, se esconden muchos intereses cruzados y hay millones de pesos en juego.
Sospecha. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo denuncia un entramado urdido entre médicos, abogados y funcionarios cordobeses, para inventar patologías ficticias y acceder así al cobro de seguros laborales. Ocurrió en 2009 en la Municipalidad de Córdoba, con Provincia ART, y ahora se denuncia lo mismo en la provincia, con Prevención ART.
Contragolpe. El Colegio de Abogados reivindica el derecho de sus colegiados a patrocinar reclamos y replica que la Superintendencia está interesada en planchar las demandas para proteger a las ART. Esa posición se traducirá ahora en una denuncia judicial y en pedidos de jury a tres magistrados.
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