Un fallo puso fin a la carrera de Garzón

MADRID.- El día más temido por Baltasar Garzón llegó ayer, con un revés más fuerte de lo esperado. Y lo fue tanto para el magistrado como para cientos de sus seguidores, que anoche ganaron las calles de esta ciudad en protesta contra la justicia española.
El polémico juez, hallado culpable en la causa abierta por ordenar escuchas telefónicas ilegales, no sólo fue inhabilitado en sus funciones por once años, sino que recibió una dura condena moral de parte del Tribunal Supremo que lo juzgó. "[Su accionar] es digno de regímenes totalitarios", señala el fallo.
Garzón, que alcanzó fama internacional por haber sentado en el banquillo al dictador chileno Augusto Pinochet y al torturador argentino Adolfo Scilingo, soportó con amargura la humillante sentencia, que podría cerrar para siempre sus más de dos décadas de intensa carrera judicial. "Estoy hecho polvo", se le escuchó decir al magistrado en la sala, fuera de micrófono, aunque a su expresión vencida le sobraban las palabras.
Más tarde, Garzón difundió un comunicado en el que rechazó "frontalmente" la sentencia y defendió su decisión de ordenar las escuchas. "Con esta decisión, [el Tribunal Supremo] elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad", afirmó.
En su duro mensaje, Garzón acusó a los siete jueces que lo condenaron de atentar contra el libre desempeño de su defensa. "Mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, y el juicio oral [fue] una excusa" que, según su declaración, "sólo sirvió para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".
El Tribunal Supremo falló con el voto unánime de sus siete miembros contra Garzón por entender que, a través de maniobras de espionaje, "vulneró" el "derecho fundamental de defensa" de varios imputados en la trama de corrupción conocida como "caso Gürtel", que en 2009 salpicó a altos cargos regionales de Valencia y Madrid del Partido Popular (PP), hoy en el poder.
El juez andaluz, que inició esa causa, había ordenado la colocación de micrófonos ocultos en la prisión donde estaban los detenidos -presuntos cabecillas de una red corrupta-, con el fin de interceptar las conversaciones que mantenían entre ellos y con sus abogados.
Garzón sospechaba que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero y aseguró durante su juicio que siempre actuó "preservando el derecho a la defensa".
A través de este método ilegal, según consta en el expediente, Garzón consiguió que esas conversaciones fueran conocidas por los investigadores policiales y la fiscalía, por lo que violó "el derecho de todo imputado" a mantener bajo secreto sus argumentos y organizar su defensa para enfrentar un juicio justo.
La inhabilitación de 11 años dispuesta por el máximo tribunal del país marginará a Garzón, de 56 años, de toda actividad vinculada con "cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial".
Esto significa que al finalizar la condena el juez tendrá 67 años, por lo que quedaría marginado de toda posibilidad de volver a ser juez. Si bien la edad mínima obligatoria para el retiro de los jueces en España suele fijarse en los 70 años, Garzón debería realizar un extenso proceso para aspirar a ser restituido en sus funciones, y su eventual regreso, dada su edad, se haría muy difícil de concretar.
No obstante, el magistrado, que ya estaba suspendido desde mayo de 2010 por prevaricato en la causa que investiga los crímenes del franquismo, podrá seguir su carrera como asesor en el Tribunal Internacional de La Haya, e incluso ejercer como abogado. Además, la prensa española no descarta su regreso a la arena política, luego de su controvertido paso por el Congreso como diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 1993 y 1994, durante el gobierno de Felipe González.
Pero, ayer, Garzón y su defensa no pudieron ocultar su desánimo por el revés judicial. "Lo encontré muy afectado, muy dolido. No tengo la más mínima duda de que es un hombre que está acostumbrado al sufrimiento, que sabe que va a seguir luchando", afirmó el abogado del magistrado, Francisco Baena Bocanegra. Además, dijo que está "convencido" de que los jueces "se equivocaron" y de que su defendido es "absolutamente inocente".

CARTA

La rebelión contra la sentencia se prolongó en una carta que María Garzón, hija del juez, hizo circular por los principales medios de comunicación de España. En ese mensaje, dirigido "a todos aquellos que hoy [por ayer] brindarán con champaña por la inhabilitación" de su padre, la mujer arremetió contra los detractores del juez, a quienes les prometió que "nunca derramará una sola lágrima" por la condena recibida.
"Nos han tocado, pero no hundido. Y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias, por acuerdos de pasillo", afirma en uno de los párrafos más destacados.
La carta, que acusa a quienes apoyaron el proceso contra Garzón de "verter insultos y mentiras durante años", termina con una fuerte reafirmación de su inocencia: "Ustedes hoy brindarán con champaña, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia sí está tranquila".
En tanto, anoche, en la céntrica plaza madrileña de Puerta del Sol, varios centenares de personas se reunieron para protestar contra el fallo. Los manifestantes, que portaban pancartas en contra del franquismo, corearon consignas como "Basta ya de mafia judicial", "Tenemos memoria, queremos justicia" y, sobre todo, "Vergüenza", en directa alusión a la sentencia.

EL COMUNICADO DE GARZÓN

"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que "la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho" es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012

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