Piden mediación obligatoria para los pequeños juicios

Afirman que la mora promedio para una sentencia de primera instancia ronda tres años y medio. Para bajar esos tiempos y descomprimir los tribunales entre 20 y 30 por ciento, piden instaurar el método alternativo de resolución de conflictos con incentivos para promoverlo.
El Colegio de Abogados denunció ayer que el sistema judicial “está en crisis” y en este sentido apuntó al “colapso” por mora que existe en la resolución de las causas, graficando que -en promedio general en los distintos fueros- llegar a una resolución de primera instancia lleva más de tres años y medio de espera. En función de bajar los tiempos de los juicios, reclaman un cambio estructural que incluya, esta vez, la mediación obligatoria en causas de menor cuantía, lo que -según estiman los abogados- descomprimiría entre 20 y 30 por ciento el caudal de juicios en tribunales. El monto hasta la cual se consideraría que una causa podría ser calificada como “pequeña” no es punto que hayan fijado en la propuesta ya que consideran que la cifra sería un tema a acordar con el Poder Judicial.
“Hoy el sistema judicial funciona porque el ciudadano y sus abogados permiten que funcionen y toleran este colapso y demoras; sin esa colaboración y comprensión este sistema ya habría estallado tiempo atrás”, advirtió a Comercio y Justicia el titular del colegio, Alejandro Tejerina, quien insistió en que “el colapso se nota cada vez más”, que “no hay una política general para reestructurar la justicia en un todo” y que llegó la hora de “sanear” la justicia cordobesa.
El directorio de la entidad profesional decidió ahora difundir la propuesta que ya extendió al Ministerio de Justicia y al Alto Cuerpo, en afán de trabajar en conjunto para mejorar el sistema. Trascendió que el Gobierno está interesado en el tema y que mantuvo conversaciones al respecto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El proyecto presentado ayer apunta a una concientización tanto en los operadores judiciales como en los abogados y en la ciudadanía. “Proponemos un cambio estructural del sistema. Hoy, sólo en determinadas causas se inicia el juicio y en forma obligatoria lo envían a los centros de mediación. La propuesta nuestra es que para todas las causas de menor cuantía, el número es a determinar con el Poder Judicial, sea obligatorio que vayan a los centros de mediación”.
Para ello, los letrados también impulsan la inclusión de la mediación como materia obligatoria en la currícula universitaria de la carrera de Abogacía, algo que hoy se presenta a los alumnos como opcional en la mayoría de las universidades, salvo en la Casa de Trejo. “Proponemos que en vez de preparar a los estudiantes para que sean abogados para juicios, también estén preparados para solucionar los conflictos de los ciudadanos en el menor tiempo posible. También desde el colegio brindaremos capacitación de este tipo”, sostuvo el directivo.
Tejerina reconoció que muchas veces no se utiliza la mediación porque no es obligatoria como primera medida y porque tampoco los abogados tienen la conciencia generada de que ésta realmente un medio efectivo para solucionar el conflicto de los ciudadanos. En igual sentido, reconoció: “Los abogados esquivamos también la mediación porque en el juicio vamos a ganar más; en esto hay que trabajar para que sea un incentivo”. Para revertir esta situación plantean también un cambio en los esquemas de regulación de honorarios.
A establecer
Según detalló el titular del colegio, hoy el pago de los mediadores es a cargo de las partes, de aquellos que utilizan el servicio. “Quien utiliza la mediación se tiene que hacer cargo no sólo de los honorarios de su abogado sino también de los del mediador. Obviamente, esto es un obstáculo para quien quiere solucionar un conflicto, que evalúa que antes que dar el dinero a los mediadores prefieren invertir en solucionar el conflicto”, señaló.
“La propuesta -agregó- es que el pago sea a cargo del Poder Judicial, del Ejecutivo o de quien quiera hacerse cargo, pero queda claro que si esos son juicios que se le está sacando al Poder Judicial, obviamente los mediadores tienen que ser pagados por éste; es un 30% de causas que se las estamos sacando al Poder Judicial”.
En detalle
Para que la mediación obligatoria propuesta funcione, se requerirían varios cambios. Entre ellos: reflotar las reformas del Código de Procedimiento Civil, Laboral, agilizar la despapelización; unificar modos de acción entre centros de mediación y mediación judicial de familia y modificar leyes arancelarias.
“Planteamos que los honorarios de los mediadores vayan conforme a si existe o no acuerdo en la mediación, porque esto va a llevar a que los mediadores se capaciten para que el procedimiento sea efectivo y exitoso. Esto sería un estímulo para quien media”, dijo.
Por otro lado, también buscan incentivos en la regulación de los honorarios de abogados para que usen la mediación. “Como incentivo para el abogado, éste tiene que tener la regulación de una sentencia, porque si, en definitiva, uno soluciona un conflicto en 60 días y se obtiene la misma solución que con una sentencia que llegaría en dos o tres años, obviamente que se debería regular los honorarios como el de una sentencia”.
Finalmente, concluyó: “Si no denunciamos el colapso el Ejecutivo va a creer que la Justicia está bien y la Justicia está mal, la Justicia ha caído esencialmente en los tiempos”.
Fraudes a ART
Abogados evalUaN pedido de Jury para fiscales y de denuncia penal a comisión de SRT
Tras la denuncia del superintendente de Riesgos del Trabajo (SRT), Juan Horacio González Gaviola, de una nueva presunta estafa contra una administradora de riesgos de trabajo (ART), que involucra a abogados, médicos y empleados públicos de Córdoba, el Colegio de Abogados reaccionó ante el señalamiento de la instauración de una industria del juicio que se les endilga a los letrados. Cabe recordar que en 2009 González Gaviola destapó el presunto fraude que se habría perpetrado en el ámbito de la Municipalidad -investigación que estuvo a cargo del fiscal Ernesto Gavier y que hoy continúa Mariano Antuña- y que generó detenciones de profesionales por cientos de certificados médicos presuntamente falsos.
Esta vez, los casos denunciados están relacionados con la administración pública provincial, en la cual se habría registrado una operatoria similar. El superintendente subrayó que que hay más de 1.500 juicios contra Prevención ART, que prestaba servicios para el gobierno de la Provincia, y que hay médicos y abogados involucrados en las supuestas irregularidades.
Disconformes con las actuaciones de los fiscales en el marco del proceso de la causa ART, convocarán en marzo a asamblea general para decidir si inician pedido de jury contra Gavier, Antuña y el juez Esteban Díaz y radican, además, una denuncia penal contra la Comisión Médica Nº 5 de la SRT, por considerar que hay irregularidades en sus díctámenes.

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