Sueldo de jueces en Córdoba

La prórroga de la ley que equipara los sueldos de los jueces provinciales y federales es una medida acorde con las dificultades de la Provincia y que obliga a ajustes similares en todo el Estado.

La decisión adoptada por el Gobierno de Córdoba, en el sentido de prorrogar hasta noviembre próximo la aplicación de la ley que equipara los sueldos de los jueces provinciales con sus pares federales, resulta razonable, dado el contexto de crisis financiera por el que atraviesa la Provincia. Esto la obliga a hacer ajustes, racionalizar gastos y suspender aumentos en todos los sectores de la administración pública.
No había otra alternativa y no hay soluciones milagrosas en estas situaciones. Lo están haciendo todos los países europeos y también lo hizo la Argentina en varias ocasiones, algunas en proporciones mucho mayores que ahora.
Los jueces alegan que la falta de actualización salarial conspira contra la independencia del Poder Judicial, pero el argumento no resulta del todo convincente, ya que la escala de sueldos de los jueces es –globalmente considerada– la más alta de la administración provincial.
Con todo, la Asociación de Magistrados pidió la inconstitucionalidad de la ley que establece la prórroga hasta noviembre de la equiparación de sueldos con la Justicia Federal, razón por la cual podría haber un juicio de incierta duración, que a su vez podría acarrear costos que generarían nuevos gastos para los contribuyentes. Porque, finalmente, es la gente, son los ciudadanos, quienes sostienen el gasto público, del Estado, en todas sus jurisdicciones y estamentos.
Los jueces alegan el principio constitucional de igualdad ante la ley, que entre otras cosas quiere decir: a igual trabajo, igual remuneración. Lo que sucede es que no se pueden comparar los recursos que maneja el Estado nacional con los que recaudan y administran las provincias y los municipios.
El mismo principio de igualdad podría ser usado para decir a los jueces que no pueden pretender quedar al margen de un ajuste que alcanza a todo el resto de la población.
Hay, por otra parte, deudas muy importantes que la Nación tiene con algunas provincias, entre ellas la de Córdoba, que impiden a éstas gastar más en sueldos en el sector público. A ello habría que agregar que el Estado no está sólo para pagar sueldos sino ante todo para prestar servicios a la comunidad. Y está en duda, por cierto, que el servicio de justicia se esté prestando en forma eficiente y solvente.
Finalmente, vale la pena insistir en que resulta equívoco el argumento de que los jueces tienen que estar muy bien pagos para mantener su independencia de criterio.
El Poder Judicial de Córdoba acuña incontables ejemplos de jueces muy austeros, que no ganaban sueldos elevados, sino más bien lo contrario, y que sin embargo dictaron cátedra en el ejercicio de la magistratura. A esos grandes maestros, tanto en la sapiencia como en la moral, habría que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar estas cosas.

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