La impunidad de los delitos del poder en la Argentina de hoy

Un proceso judicial por corrupción en la Argentina dura un promedio de 14 años y tiene sólo un índice de condena del cuatro por ciento. Juan Carlos Vega.

Mosche Katsav, presidente de Israel, fue condenado a ocho años de prisión por delitos de orden sexual. La Corte Suprema judía, siguiendo la larga tradición de respeto a la ley judaica, sostuvo que Katsav merecía la máxima pena de la escala dada su máxima función en el Estado de Israel. A mayor responsabilidad social, mayor pena.
Christian Wulff, presidente de Alemania, fue suspendido de toda inmunidad a fin de que se someta a la Justicia alemana para ser investigado por tráfico de influencias.
Estos ejemplos asombran al argentino cuando sabemos, por el informe del Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) de 2006, que un proceso judicial por corrupción en la Argentina dura un promedio de 14 años y tiene sólo un índice de condena del cuatro por ciento.
Los delitos del poder (político y económicos) en la Argentina son impunes y el ciudadano lo sabe y oscila entre dos sentimientos: bronca y resignación.
Viene bien recordar los ejemplos de Katsav y Wulff para ver qué va a pasar con nuestro vicepresidente Amado Boudou cuando sea investigado por el escándalo de corrupción de la empresa Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta del país, con millonarios negocios con el Estado, en manos de un amigo del vicepresidente. Amigo sin fortuna y sin antecedentes empresariales, simplemente amigo de Boudou.
La impunidad de la que gozan en nuestro país los delitos del poder político y económico responde a tres raíces. Debilidad de la ley penal, ya que en la Argentina los actos de corrupción carecen de tipo legales específicos. Y debilidad de la Justicia argentina para juzgar estos delitos, no sólo por su falta de preparación frente a la complejidad que tienen estas maniobras de corrupción sino también por la histórica molestia que siempre ha tenido nuestra Justicia para juzgar a los poderosos.
El caso Boudou, como los de Ricardo Jaime, IBM Banco Nación o Siemens, están condenados al fracaso. A los intereses de la sociedad argentina, no hay quién los defienda.

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