Armas: otro delito sin delincuentes
La absolución a los 18 acusados de contrabando de armamento alimenta sospechas que la sentencia deberá disipar.
A la sorpresa que ha ocasionado la absolución de los 18 acusados de contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador se suman las enormes incógnitas acerca de las razones que llevaron a dos de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 a tomar esa decisión -el juez Gustavo Losada votó en disidencia en varios casos- que benefició al ex presidente Carlos Menem, y a ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.
Como los fundamentos de la sentencia sólo se conocerán el 7 de noviembre -casi dos meses después del veredicto, en otra de las rarezas de este juicio oral- sólo caben las especulaciones. Y la primera es que para los jueces Luis Imas, el presidente, y el vocal Horacio Artabe, no existió delito de contrabando, como han sostenido varias de las defensas de los imputados. Fue una cuestión que se planteó hace años, pero la Cámara en lo Penal Económico ha sostenido que hubo contrabando.
Recordemos que entre 1991 y 1995, tres decretos presidenciales secretos firmados por Menem y varios ministros autorizaron ventas de armas a Panamá y Venezuela, cuando en realidad se vendieron a Croacia y Ecuador, violando embargos de las Naciones Unidas, pues Croacia estaba en guerra con Serbia y Ecuador con Perú. Además, como agravante, nuestro país era garante del Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Ecuador. El delito lo reconocieron algunos imputados, como Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares.
Este juicio oral ha tenido una duración inusitada de 35 meses y durante su desarrollo llamó la atención el escaso número de preguntas de los jueces y su aparente desconocimiento de los hechos de la causa, con la excepción, nuevamente, del juez Losada, quien preguntó con precisión. También hay que destacar la labor del fiscal Mariano Borinsky, quien anticipó que la fiscalía apelará ante la Cámara de Casación, al igual que la querella de la Aduana, a cargo de Carlos Lobos Oroño.
Hasta conocerse los fundamentos de la sentencia flotarán las dudas elementales: ¿se trató de un fallo político? La prolongación de las audiencias hasta poco después de las elecciones primarias del mes pasado alientan esas sospechas. También, el hecho de que Imas y Artabe fueron jueces subrogantes durante casi todo el juicio oral, hasta que Artabe fue confirmado el año pasado e Imas hace pocos días y prestó juramento ayer.
El caso de las armas ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, por la importancia política de varios de los acusados, por la magnitud de las maniobras que se extendieron desde 1991 hasta 1995 y por su posible vinculación con la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Aunque varios de los acusados cumplieron prisión domiciliaria durante unos meses, sólo una persona debió cumplirla en un penal: la verificadora de Aduana Teresa Cueto, en lo que constituyó una injusticia de la etapa de instrucción. Su absolución fue una de las pocas en la que coincidieron los tres jueces del tribunal.
Paradójicamente, la etapa crítica de esta larga investigación iniciada el 15 de marzo de 1995 se verificó en 2001, cuando en el fuero federal se procesó a Menem, Emir Yoma y otros imputados. Fue entonces cuando, sorpresivamente, la Sala II de la Cámara Federal planteó la necesidad de que el expediente del fuero penal económico se unificara con el del fuero federal. Así quedó planteado un conflicto de competencia que permitió que la causa llegara a la Corte Suprema, entonces con mayoría menemista, y el máximo tribunal rechazó la aplicación de las figuras de asociación ilícita y falsedad ideológica de los decretos presidenciales. La cuestión de competencia quedó zanjada en favor del fuero penal económico con la figura penal del contrabando.
La sentencia cuyos fundamentos se conocerán en noviembre no deberá dejar ningún lugar a dudas en cuanto a su objetividad, independencia y apego al derecho. Así debería obrar siempre la Justicia, pero muy especialmente debe hacerlo en este tipo de casos, porque la lista de hechos de corrupción que permanecen impunes en la Argentina es demasiado larga. Ese parece el destino del expediente que nos ocupa. Por lo tanto, la sociedad debe saber cuáles son las razones y quiénes fueron los responsables de que no se haya hecho justicia y nos encontremos ante otro delito sin delincuentes.
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