Título de la entraOyarbide pidió la colaboración de la Corte por Schoklenderda


Quiereque los peritos de ese tribunal y de la Universidad de Buenos Aires trabajen en la causa en la que se investiga el manejo de fondos.

Buenos Aires. El juez Norberto Oyarbide pidió la colaboración de peritos de la Corte Suprema de Justicia y de la Universidad de Buenos Aires en la causa que investiga los manejos irregulares de fondos públicos destinados al plan de viviendas sociales Sueños Compartidos, que dirigía Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
A última hora de ayer, se supo que Oyarbide prorrogó por cuarta vez el secreto de sumario en la causa.
La causa abierta en la Justicia federal procura echar luz sobre los fondos que el Estado destinó al plan de viviendas en cuestión (se estiman unos 1.200 millones de pesos), ante la sospecha de que parte del dinero fue derivado hacia otros fines, entre ellos, pago de sobreprecios, el financiamiento de campañas políticas y el enriquecimiento privado de los administradores de Sueños Compartidos.
El pedido de colaboración a la Facultad de Ingeniería de la UBA y a la Corte fue interpretado por algunos medios como parte de una disputa entre Oyarbide y la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Ocurre que meses atrás, ya desatado el escándalo Schoklender, Oyarbide le recomendó a la AGN (“recomendó”, puesto que no puede dar una orden a un organismo de otro poder del Estado) recabar información sobre los convenios entre el Estado y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Fuentes de la Auditoría General de la Nación negaron a este diario que haya una disputa entre este organismo y Oyarbide.
“La Auditoría está realizando su propia investigación. Estamos enviando pedidos de informes a los ministerios, para averiguar cómo se ejecutaban los fondos del programa Sueños Compartidos”, dijo una fuente muy cercana al presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy.
La AGN fue convocada por el Congreso “para dilucidar el circuito del dinero que saliendo del Estado Nacional, pasaba por provincias o municipios, hasta llegar a las empresas constructoras vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo”, indicaron fuentes del organismo.

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