Denuncian a jueces y a fiscales por liberar a imputado
El beneficiado confesó su participación en un homicidio en un robo y haber extorsionado a dueño de un campo. Lo autorizaron a no estar presente en el juicio y se habría ido a otra provincia.
Uno de los fiscales de instrucción de Río Tercero, el fiscal de la Cámara del Crimen y los tres integrantes de ese tribunal fueron denunciados penalmente por disponer la libertad de un imputado que confesó su participación en un hecho de robo seguido de muerte y ser el autor una extorsión.
La denuncia penal fue formulada por los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Álvaro Gáname, defensores de uno de los acusados que son juzgados por la mencionada Cámara de Río Tercero. Los denunciantes se mostraron sorprendidos por la serie de “irregularidades” y realizaron sendas presentaciones ante la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia, al entender que los funcionarios judiciales estarían incursos en “graves delitos”.
Los hechos están vinculados con un sangriento asalto registrado en los primeros instantes de la madrugada del 8 de julio de 2009, en zona rural de Despeñaderos, cuando José Luis Broto y el productor rural Mario Marchetti llegaban al establecimiento de este último.
Los nombrados fueron sorprendidos por varios hombres armados, con borceguíes y ropa camuflada, quienes los golpearon para reducirlos. Marchetti fingió estar desmayado, pero Broto se resistió y fue asesinado de un balazo, según la causa.
Marchetti y Broto habrían estado en un prostíbulo denominado Cupido y una de las alternadoras avisó a los asaltantes a la hora que se retiraron a través de mensajes de texto, siempre según la causa.
En el curso de la investigación dirigida por el fiscal Marcelo José Ramognino y su prosecretario Fernando González Vázquez, las sospechas se volcaron sobre Marcos Ramón Juárez, un ex empleado de Marchetti que habría sido despedido por querer apoderarse de dos cargas de cereales.
A esa altura, Juárez ya había sido imputado por una extorsión contra Marchetti, a quien le había exigido, en junio del mismo año, la suma de 100 mil pesos para no hacer público que tenía un hijo natural.
En torno al cruento asalto, la fiscalía le endilgó a Juárez una participación necesaria “en el tramado y organización” del hecho porque como ex empleado de Marchetti conocía el movimiento económico y comercial de sus negocios y vida privada, “aportando información originaria sobre las características del botín, la ubicación del campo, ambientes de la vivienda rural, personas presentes el día y hora del hecho, medidas de seguridad y demás elementos esenciales”. Esos datos fueron complementados por Karina de las Mercedes Caballero, la prostituta que trabajaba en Cupido y avisó el momento en que las víctimas arribarían al campo.
Por el robo seguido de muerte fueron imputados Antonio Sabadía y Fabián Damián Dellisanti, mientras que un tercer individuo, de apellido Sassia, primo de Juárez, permanece prófugo.
A partir de las detenciones y de la remisión de los detenidos a Bouwer se habrían registrado los “posibles delitos” en la fiscalía de Instrucción, ya que cuando se había impuesto el secreto del sumario, Juárez declaró en tres oportunidades y en la última reconoció su participación en el sangriento asalto, “entregando” a sus cómplices. En su denuncia, Sonzini Astudillo y Gáname consideran que hubo “abuso de autoridad” y un “pacto” entre el fiscal y su prosecretario con el imputado Juárez, porque lo excarcelaron de inmediato y ellos no se enteraron porque aún regía el secreto del sumario.
Los denunciantes sostienen que Juárez jamás podría haber recuperado la libertad porque los dos delitos que se le imputaban no lo permitían y se actuó en contraposición a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia que se opone a la libertad provisoria cuando el delito tenga una pena de tres o más años de prisión.
Al juicio oral y público, Sabadía y Dellisanti llegaron acusados por copartícipes en el robo seguido de muerte, Caballero y Juárez como partícipes secundarios. A Juárez se le agregó la imputación de extorsión.
Juárez y la mujer confesaron su participación en los hechos investigados y la Cámara aceptó que no estuvieran presentes en la sala de audiencias. Los defensores de Sabadía denunciaron varias irregularidades en torno a esta decisión, ya que si bien los imputados pueden no estar presentes en la sala, deben permanecer en una sala contigua. Pidieron que se investigara por qué la mujer que tiene la misma imputación que Juárez y no tienen nada que ver con la extorsión sigue alojada en la cárcel y el delincuente confeso no sólo que está en libertad sino que desapareció de la provincia de Córdoba y se encontraría en Santiago del Estero o Tucumán. Los abogados también se mostraron “extrañados” porque el defensor de la prostituta y Juárez, café de por medio, les adelantó al comenzar el juicio que sus defendidos tendrían penas menores y los otros dos imputados recibirían durísimas condenas.
¿Cómo habrá caído en el TSJ y la Fiscalía General la grave denuncia que podría derivar en la nulidad de un juicio por homicidio calificado?
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