Denuncian a fiscales y a un juez por presunto abuso de autoridad
El estudio Cafure presentó una demanda penal contra el fiscal Enrique Gavier, el juez de Control Esteban Díaz y el actual fiscal Carlos Mariano Antuña por un allanamiento sufrido.
En un nuevo capítulo en la polémica investigación por la denominada “industria del juicio”, el estudio de abogados laborales que encabeza Adolfo Alejandro Cafure presentó una denuncia penal contra el fiscal Enrique Gavier, el juez de Control Esteban Díaz y el actual fiscal Carlos Mariano Antuña, por “abuso de autoridad” y “prevaricato”. La denuncia, que recayó en el fiscal Anticorrupción Marcelo Hidalgo, es patrocinada por los abogados Sergio Durán y Fabián Balcarce.La acusación contra Gavier y los demás miembros de la Justicia se enmarca en la investigación llevada por el funcionario judicial que concluyó con la detención de nueve abogados y médicos imputados por presunta “estafa procesal reiterada” en perjuicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contratada por la Municipalidad de Córdoba.
La presentación señala que el 12 de agosto de 2010, por orden del juez Díaz –ante el pedido del fiscal Gavier–, se allanó el estudio Cafure, ubicado en Ayacucho 153, para detener a los imputados. Cafure asegura que facilitó el operativo y la revisación exhaustiva de toda la documentación existente en el estudio, desde archivos de computadoras hasta carpetas.
La denuncia remarca que no se encontró a ninguna de las personas buscadas ni se pudo encontrar ninguna vinculación del estudio con los “abogados y médicos perseguidos”.
No obstante, la presentación sostiene que se dispuso el secuestro de todas las computadoras del estudio (nueve) “por las dudas contuvieran archivos borrados”.
Largo peregrinar. Puntualiza el escrito que, contrariamente al resultado “positivo” que manifestó Gavier, el procedimiento “fue claramente negativo”, ya que “no pudo encontrarse ninguna constancia informática relacionada a los hechos que se investigaban”.
Cuestionan que, “tras un largo peregrinar”, con intervención del Colegio de Abogados y el fiscal general, Darío Vezzaro, se logró la restitución de las computadoras luego de un mes de su secuestro, “lo que mantuvo paralizado el estudio”.
Objetan que Gavier pidió autorización al juez Díaz para que lo autorizara a abrir los backups (copia de respaldo de los archivos) del contenido de las computadoras para “analizar la información”. Señalan que, ante esa situación, se solicitó al juez de Control garantizar “el secreto profesional del abogado”, pero se rechazó esa petición.
Sospecha. Cafure señala que lo más grave es que el fiscal copió los archivos de juicios que mantiene el estudio “causando un daño irreparable a la credibilidad” de su bufete.
Advierte el escrito que, tanto el allanamiento como las intervenciones telefónicas, fueron solicitadas por Gavier ante el juez de Control Díaz. Dijo que el magistrado, “sin realizar el menor control, libró órdenes masivas de intervenciones telefónicas y allanamientos”.
Remarca la denuncia que “en ese momento el juez Díaz no estaba de turno y por ende carecía de competencia para intervenir”.
Consultado por este diario sobre la denuncia, el fiscal dijo desconocerla y señaló que no había sido notificado.
Cuándo se le preguntó cuál fue el motivo del allanamiento del estudio de Cafure, expresó: “Hay evidencias ciertas de que ese estudio puede tener relación con las investigaciones que se realizan”.
Precisó que “de los 4.500 juicios de características similares a los 700 que involucraron a Provincia ART y la Municipalidad de Córdoba, hay 300 que patrocina el estudio de abogados ahora denunciante, sólo durante 2008 y 2009”.
El fiscal se excusó de opinar sobre la denuncia presentada en su contra y remarcó que desconocía su contenido. Aseguró que se había enterado de la presentación por la consulta de este diario.
A su vez, Cafure atribuye ese allanamiento a lo que considera un “único indicio” del fiscal: haber pedido un listado de los estudios que tenían más causas laborales.
Dijo que desconocía el accionar de los imputados y remarcó que lo que cuestiona la denuncia “es el método” de investigación usado por el fiscal.
En el caso del juez Díaz, la acusación es de “prevaricato” (dictar resoluciones contrarias a la ley). Remarcan que Díaz sabía que carecía de competencia para proveer lo que le solicitaba Gavier, porque no estaba de turno.
Sin notificación
Defensa. Ante una consulta de este diario, el fiscal de Instrucción Enrique Gavier se excusó de opinar sobre la denuncia en su contra. “No he sido notificado de ninguna denuncia y desconozco su contenido. Me acabo de enterar por la consulta de ustedes”, afirmó el funcionario judicial, quien agregó que el allanamiento de ese estudio jurídico se realizó porque “hay evidencia cierta”.
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