Giacomino sería indagado el lunes
El fiscal Hidalgolo imputó de abuso de autoridad. Es por no receptar a tiempo objeciones del Tribunal de Cuentas a la licitación del sistema de pago del transporte.
El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, fue imputado ayer de “abuso de autoridad” por el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, a raíz de un entredicho legal que tuvo con los integrantes del Tribunal de Cuentas durante la tramitación de la licitación del sistema prepago para el transporte urbano, que finalmente recayó en la firma Siemens IT.
Fuentes judiciales señalaron a este diario que el intendente sería citado para una indagatoria recién la próxima semana, posiblemente el lunes. Ayer circuló la versión de que eso ocurriría hoy mismo, pero trascendió que la indisponibilidad horaria del abogado defensor de Giacomino, José Buteler, obligó a reprogramar la citación.
Por lo pronto, la acusación judicial y el recalentamiento del conflicto con el Suoem por la situación de los monotributistas (exigen ser contratados) empujaron a Giacomino a dejar sin efecto la licencia que había pedido desde ayer para dedicarse a hacer campaña como postulante a diputado nacional.
Además, la decisión de Hidalgo movió las aguas en el terreno de la transición entre la actual gestión y la del electo Ramón Mestre (UCR): colaboradores de este último salieron a cuestionar en varios flancos al actual titular del Ejecutivo.
Respecto a la imputación en sí, Giacomino no habló, pero sí dejó marcada una clara posición a través de un comunicado que difundió el Palacio 6 de Julio. Dijo que la Justicia no está poniendo en duda el proceso de adjudicación al sistema de pago del transporte a la firma Siemens IT, sino que solo tiene que dilucidar una “interpretación de plazos” sobre la participación del Tribunal de Cuentas.
La judicialización de la licitación se dio en marzo pasado, cuando los tribunos de cuentas (radicales y juecistas) denunciaron que Giacomino había urdido una maniobra para no receptar en tiempo y forma el expediente –a través de la Oficialía Mayor– con las objeciones que hacía ese cuerpo de control a la adjudicación a Siemens IT.
Ese rechazo del intendente habilitó la sanción ficta (de hecho, por el vencimiento de plazos legales) al vínculo con Siemens IT, para que reemplace los cospeles por tarjetas electrónicas.
Además de Giacomino, fue imputada también Andrea Larisa Dieguez, quien estaba a cargo de la Oficialía Mayor cuando ocurrieron los hechos.
El fiscal Hidalgo investiga ahora, con una demora de casi siete meses, ese tironeo por los plazos legales, pero no avanzará en el fondo del contrato, que también recibió severos cuestionamientos del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante.
El vínculo con Siemens IT regirá por 10 años y supone un negocio superior a los 400 millones de pesos.
La empresa se quedará con el 8,4 por ciento del precio de cada boleto de transporte, pese a que el pliego de licitación fijaba un tope máximo del siete por ciento para el costo de esa intermediación. La concesionaria arrancó justamente ayer con la distribución de 600 mil tarjetas electrónicas para erradicar en forma definitiva los cospeles.
Otros cuestionamientos al proceso apuntan a que Siemens IT cotizó integrando junto a Metromec (del grupo Roggio) una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que luego fue disuelta antes de firmar el contrato. También se objetó que Giacomino no haya dispuesto la anulación de la licitación tras constatar la presentación de un solo oferente con dos propuestas diferentes.
El intendente en Tribunales
Tres imputaciones. La acusación dispuesta ayer por el fiscal Gustavo Hidalgo contra Daniel Giacomino por abuso de autoridad se suma a otras dos que acumulaba el intendente con anterioridad, aunque en ambos casos se tramitan en fiscalías ordinarias y no en el fuero Anticorrupción. Se generaron por la falta de controles en el uso de pesticidas en frutas y verduras del Mercado de Abasto.
Varias denuncias. El intendente registra además casi una decena de denuncias penales, algunas de las cuales se mantienen activas, mientras que otras ya fueron archivadas. Entre otros temas, le hicieron presentaciones judiciales por no realizar controles de tránsito en la vía pública, por azuzar conflictos con el Suoem para sacar rédito político en 2009, por autorizar la demolición de la Casa de las Tejas, por incumplir el tope salarial y la limitación legal para contratar personal en el municipio.
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