Tribunal ético archivó el caso de Ortiz Pellegrini


Resolvió que el ex legislador juecista no violó la norma que prohíbe a los parlamentarios litigar contra el Estado.

El Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, el organismo autónomo que controla y sanciona eventuales violaciones a la Ley de Colegiación de los Abogados, resolvió archivar el expediente en el que se había acusado al ex legislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini de litigar contra el Estado.
Para los miembros de la Sala 6ª de ese Tribunal (Roxana Peredo, Federico Robledo y Daniel Bas), que Ortiz Pellegrini haya firmado una cédula de notificación de un juicio laboral contra la empresa municipal Tamse mientras ocupaba una banca legislativa –acto que le valió al dirigente del Frente Cívico un proceso sancionatorio en la Legislatura que derivó en su renuncia– “no alcanza a configurar el tipo legal” para el que se prevé una sanción. El Tribunal deontológico dijo que lo realizado por el dirigente político en ese expediente “puede tildarse de poco feliz o inadecuado”, pero que “no justifica sanción”.
Todo el proceso. En 2009, mientras se desempeñaba como presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico, Ortiz Pellegrini fue acusado por el delasotista Daniel Passerini de litigar contra el Estado, lo que está vedado a los legisladores por la Constitución provincial.
Con los votos de la mayoría oficialista se inició un proceso político que también tuvo derivaciones jurídicas y éticas, y que terminó con una victoria política de Unión por Córdoba cuando Ortiz Pellegrini decidió renunciar para evitar una sanción.
No obstante la renuncia, el Tribunal de Disciplina de Abogados abrió una causa para resolver si el ex legislador había violado la normativa. Y resolvió que no, en el mismo sentido que lo hizo el año pasado el fiscal de fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Hugo Amayusco, cuando le llegó una denuncia penal contra el juecista.
También se había pronunciado al respecto la Secretaría Laboral del Tribunal Superior de Justicia a través de un certificado el que se señala que, al firmar la cédula de notificación del juicio de Santucho contra la empresa Tamse, Ortiz Pellegrini “sólo se limitó a recibir una notificación (...) como patrocinante de los actores de la demanda laboral que iniciara con fecha 24 de mayo de 2005, con anterioridad a su asunción como legislador provincial (diciembre de 2007)”.
El Tribunal de Disciplina hizo propio este argumento.
Consultado al respecto, Ortiz Pellegrini dijo que “con esto queda acreditado que no existió delito, que no existió violación al artículo 88 de la Constitución de la Provincia y tampoco falta de ética profesional en mi actuación; todo fue un tema político”.

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