Juzgarán por fraude a comerciantes, abogados y a un funcionario judicial


Las maniobras no hubieran sido posibles sin la participación del secretario de un juzgado de Marcos Juárez.

En la oficina de Sumarios 
Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se aguarda con expectativa la resolución de un juicio en el que está involucrado un funcionario de los tribunales de Marcos Juárez. Esto en virtud de que no se puede resolver la cuestión administrativa hasta tanto no se expida la Cámara que juzgará a Gustavo Adel Bonichelli (53), secretario del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial, imputado como autor material de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y abuso de autoridad, en concurso ideal, y por esos ilícitos en grado de tentativa.
Junto a Bonichelli serán juzgados los abogados Carlos Ángel Cerón (54) y Agostina D’Angelo (30), alias “Agus”, el padre de esta profesional, Héctor Vicente D’Angelo (66), alias “Pato”, jubilado y jefe de compras de la fábrica de implementos agrícolas Schire SA. y Luis Eduardo Giuliani (32), licenciado en comercialización, todos domiciliados en Marcos Juárez.
Las maniobras investigadas por el fiscal de Instrucción del Primer Turno de Villa María, Félix Alejandro Martínez, que fueron elevadas a juicio en diciembre del año pasado, están vinculadas con remates de inmuebles y en uno de los casos la damnificada fue la Municipalidad de Marcos Juárez.
En el primer hecho se subastaron dos lotes por una demanda ejecutiva del abogado Cerón que pretendía cobrar honorarios en los autos “Municipalidad de Marcos Juárez contra Cereales Casilda SA y otra”. Cerón cedió sus honorarios a favor de la abogada D’Angelo, quien los adquirió en la suma de 245 mil pesos, en representación de Néstor Ramón Mascolo.
Con posterioridad a la subasta se presentó María de los Ángeles Tammaro en su carácter de síndica de la quiebra de Cereales Casilda SA pidiendo la nulidad del remate porque los terrenos subastados pertenecían a esa quiebra. En esa oportunidad no se hizo lugar al reclamo pero, para evitar que Tammaro recurriera a una instancia superior y con el propósito de asegurarse los terrenos, Cerón, D’Angelo y su representado le propusieron a la síndica un convenio acordando derechos sobre los inmuebles.
Los abogados se comprometieron a reintegrar a la quiebra los 245 mil pesos de los que deducirían un máximo de 25 mil pesos por impuestos adeudados y gastos de la subasta, mientras que la síndica renunciaba a todos los recursos. En caso de no reintegrar el dinero en tiempo y forma, los terrenos serían rematados nuevamente. Tras la firma del acuerdo, aparece en escena el licenciado Giuliani, quien según la investigación ya estaba de acuerdo con el abogado Cerón para que Mascolo le cediera los derechos sobre los terrenos subastados.
El despojo. Sin haber gastado un solo peso de sus bolsillos y para apoderarse de los inmuebles faltaba que entrara en funcionamiento la pieza fundamental del engranaje: el secretario del juzgado civil, sin cuya participación jamás se habrían consumado los delitos. Siempre según la instrucción, Cerón y Giuliani comenzaron a tramitar ilegítimamente la inscripción de los lotes que no habían pagado y sobre los que nunca tuvieron la posesión. Bonichelli, el secretario del juzgado Civil y Comercial expidió una minuta certificando las copias del expediente iniciado, con lo que los lotes fueron inscriptos en el Registro de al Propiedad. Así, lograron generar un asiento de dominio falso y pudieron inscribir fraudulentamente los terrenos a nombre de Giuliani. Después se hizo una transferencia a nombre del imputado Héctor D’Angelo y un boleto de compra venta por 160 mil pesos en la escribanía de Riva, a quien le hicieron insertar declaraciones falsas.
Por último, y para evitar cualquier reclamo a Giuliani, perjudicando a la masa de acreedores de la quiebra y a la Municipalidad de Marcos Juárez, la que no pudo cobrar las deudas impositivas, en la misma escribanía se hizo una hipoteca de primer grado a favor de un tercero, por el valor de 39 mil dólares de una de las dos fracciones de terreno.
Los imputados ya habían realizado otras maniobras para apoderarse de otros inmuebles, pero fracasaron en su intento porque la Cámara Civil de Marcos Juárez descubrió irregularidades en un expediente en el que intervenía el abogado Cerón y formuló la correspondiente denuncia.
Ahora, se aguarda el juicio en el que los imputados podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión.
El delito
Defraudación. La imputación que recae sobre un secretario civil, dos abogados y dos comerciantes de Marcos Juárez es la de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y está contemplada en el artículo 173 del Código Penal. Considerado como uno de los “casos especiales” de defraudación, el delito apunta a quien “tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía”.
Penas. Las penas contempladas para este tipo de fraude van desde un mes a 6 años de prisión.
Sobre el término “desbaratar”. Vale aclarar que el término “desbaratar” (en el contenido del artículo 173), “consiste en tornar imposible, incierto o litigioso, el derecho otorgado sobre un bien o el cumplimiento de una obligación referente al mismo, por medio de actos judiciales o de los hechos enumerados en la ley”.

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