En 30 días se abre el debate en el Congreso
La Presidenta recibió ayer una propuesta redactada por notables para unificar el Código Civil con el Comercial. El anteproyecto agiliza la adopción y el divorcio. Propuso crear una comisión bicameral para optimizar los dictámenes y aprobar la norma en 2012.
Buenos Aires. Con bombos y platillos el Gobierno presentó ayer el anteproyecto de ley para unificar y modernizar los Códigos Civil y Comercial de la Nación, que tiene como puntos destacados la simplificación de los trámites de adopción, divorcio y la incorporación de los contratos prenupciales para dividir las ganancias.
En un acto que se hizo en el Museo del Bicentenario, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió de parte de una comisión de notables los tres tomos en los que quedó plasmado un arduo trabajo de codificación. Dicha comisión estuvo integrada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco y por la ex jueza de la Corte mendocina, Aída Kemelmajer de Carlucci, especialista en bioética.
El trabajo comenzó hace un año e implicó, según aseguró Lorenzetti, escuchar a 100 especialistas en distintos aspectos del Derecho de todo el país. Desde 1936 a 1998 hubo siete intentos por modernizar el Código Civil redactado por Vélez Sarsfield y aprobado en la presidencia de Bartolomé Mitre, pero todos fracasaron.
La Presidenta se tomará un plazo de no más de 30 días para revisar el trabajo y darle forma de proyecto de ley para, inmediatamente, girarlo al Congreso. Ayer, Cristina les propuso a los legisladores del oficialismo y de la oposición que creen una Comisión Bicameral para que diputados y senadores trabajen en conjunto y saquen dictámenes al mismo tiempo, a fin de aprobar este año la importante norma. Pero será decisión de las dos cámaras resolver de qué manera abordar la tarea.
Entre los puntos principales (tiene 2.671 artículos) se destaca la agilización de los trámites de divorcio, ya que plantea que una sola de las personas podrá solicitarlo ante un juez sin que los dos estén de acuerdo. Se elimina el concepto de “culpa”, pero se exige que el solicitante lleve una propuesta de división de bienes gananciales, régimen de cuidado de los hijos y cuota alimentaria que debe ser aceptado por ambos. “No puede haber matrimonio cuando uno de los dos no quiere”, dijo Cristina y aseguró que la simplificación es para que el proceso “no sea una tortura”.
Se incorpora al matrimonio la posibilidad de hacer contratos prenupciales para dividir los bienes. Se sostiene el sistema de bienes gananciales, pero se agrega la posibilidad de optar por un sistema de “separación” por el cual las ganancias de cada uno va por cuerda separada. En esta misma esfera, se reconoce la unión de convivencia o de hecho, para darle protección a los concubinos cuando el vínculo se rompe.
Además, la propuesta protege la imagen de las personas, el derecho a la información en tratamientos médicos y prohíbe la manipulación genética.
La unificación de los dos códigos plantea una simplificación de los trámites de adopción. Las parejas homosexuales quedan comprendidas en la norma propuesta, aunque se elimina la posibilidad de que una sola persona –un soltero o viudo– adopte. Se regula la fertilización asistida considerando a la concepción desde el momento de implantación del embrión en la matriz de la mujer.
Los puntos principales
Fusión. El anteproyecto fusiona los códigos civiles y comerciales en un solo texto legal.
Matrimonio. Se prevé la figura del acuerdo prenupcial, que implica el libre acuerdo sobre los bienes ganados antes del matrimonio y durante el matrimonio. Se podrá optar por el régimen actual que preserva los bienes anteriores para cada contrayente y divide los gananciales, es decir, los que se obtuvieron durante el matrimonio.
Divorcio. No será necesario el acuerdo de los cónyuges para disolver el vínculo ni determinar quién es responsable del deterioro de la relación para fijar sentencia. Será suficiente que uno de los dos quiera divorciarse. La Justicia sólo intervendrá activamente si existe algún conflicto con la división de bienes o la tenencia de los hijos.
Fertilización asistida. Se permite la gestación por sustitución, conocida como alquiler de vientre, que será bajo “control judicial”.
Persona humana. La existencia comienza con la concepción en el seno materno. “En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”, dice el artículo 19. Esto es polémico, ya que no considera vida a los embriones engendrados in vitro no implantados.
Adopción. Simplifica los trámites para obtener la custodia legal de los niños. No disminuye los requisitos que deben cumplir quienes quieran adoptar. Incluye la figura de niños en “situación de adoptabilidad”, cuando continúen en situación de desamparo luego de seis meses de trabajo social con la familia biológica.
Apellido. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.
Sin eutanasia. La persona plenamente capaz puede conferir mandato respecto de su salud, previendo la propia incapacidad. Si implican desarrollar prácticas eutanásicas, “se tienen por no escritas”.
Nuevos derechos reales. Se incorpora la propiedad comunitaria indígena. Se incorporan los conjuntos inmobiliarios, como barrios cerrados o clubes de campo.
Obligaciones. Se reducen los plazos comunes de prescripción y se modifican otros. Se regula la problemática de daños y perjuicios.
Contratos. Se incorporan los derechos del consumidor y la prohibición de cláusulas abusivas. Simplifica la regulación de los contratos.
Sucesión. Se reduce la porción legítima (antes era de un quinto y ahora de dos tercios).
Sociedades. Se dará la posibilidad de hacer sociedades de “un solo socio”, se incorpora la figura de leasing y factoring.
Objeciones
Los sectores católicos más radicalizados prevén objetar algunos de los primeros artículos ya que, por ejemplo, el 21 define que los derechos para una persona concebida o implantada artificialmente empezarán a regir si estas nacen con vida. Aunque así es en la actualidad, podría molestar a quienes defienden los derechos del niño por nacer.
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