Continuará la investigación a jueces cómplices de la dictadura
Rechazaron la prescripción de la causa. Están acusados el ex juez Miguel Ángel Puga y los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo. Los fundamentos se conocerán el lunes.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió ayer por unanimidad rechazar los pedidos de prescripción presentados por las defensas en la causa en la que se investiga la actuación de magistrados y funcionarios judiciales federales durante la última dictadura militar.
El tribunal, integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Octavio Cortés Olmedo, resolvió también, pero por mayoría, recomendar al juez Daniel Herrera Piedrabuena que “extreme los recursos necesarios para garantizar celeridad” para esclarecer los hechos investigados.
Los imputados son el ex juez Miguel Ángel Puga y los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo.
Las defensas, lideradas por José Buteler, Carlos Lescano Roqué y Ángel Carranza, habían pedido que la causa prescribiera y consideraron que las acusaciones no podían ser tipificadas como delitos de lesa humanidad.
Un largo laberinto
Las actuaciones se iniciaron con la presentación formulada por los abogados querellantes Ceballos y Rubén Arroyo, en la causa en la que se juzgó a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez junto a otros 29 acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), de esta capital.
En la presentación, los letrados solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal existente para que sean investigadas las conductas de magistrados y funcionarios de la justicia federal de Córdoba de aquella época.
En la oportunidad, Ceballos y Arroyo mencionaron al ex juez Puga, a Ricardo Haro, actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); a Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina, Eudoro Vázquez Cuestas, Ricardo Haro, Antonio Sebastián Cornejo y Alí Fuad Alí. Posteriormente el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes, resolvió desestimar la denuncia contra Otero Álvarez, Molina y Haro y sobreseer a Puga, Cornejo y Fuad Alí.
Esta resolución motivó que la fiscalía general y la parte querellante interpusieran recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Ante la presentación, el tribunal hizo lugar al recurso planteado por el abogado querellante, Miguel Martínez, declarando la nulidad de todos los actos posteriores a la intervención en la causa de Sánchez Freytes, señalando que éste debía continuar con la tramitación de la causa. Luego de que la Cámara devolvió las actuaciones, Sánchez Freytes se inhibió de seguir interviniendo, por lo que se designó por sorteo al juez Piedrabuena, quien rechazó los pedidos de prescripción penal.
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