El polémico juez Sal Lari, al banquillo
Fue suspendido por cuatro casos
LA PLATA.- El juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, duramente cuestionado por su intervención en algunos de los casos más conmocionantes de los últimos años en ese distrito, fue suspendido anoche por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense. Enfrentará un jury que podría terminar en su destitución por cuatro de las once acusaciones que pesaban sobre él; curiosamente, ninguna de aquellas por las cuales sufrió públicamente los mayores embates en su contra.
Mientras espera la etapa final del proceso en que se decidirá si es o no destituido, se le embargará el 40% de su sueldo. En los próximos días, el Jurado de Enjuiciamiento, que necesitó de tres audiencias deliberativas en otras tantas semanas para resolver la suspensión provisional de Sal Lari, fijará la fecha de iniciación del juicio político en los próximos días, según se informó anoche.
El caso de Sal Lari dividió las aguas. De un lado, lo acusan familiares de las víctimas, con su cara más visible en las Madres del Dolor, que ayer manifestaron ante el Senado provincial con pancartas que rezaban: "Basta de jueces garantistas", "Los malos fallos llevan a la muerte" o "Sal Lari no es garantista, es incompetente". Del otro, instituciones como el CELS y Cippec, jueces y fiscales y académicos del derecho lo defienden con el argumento de que el juez es víctima de una persecución política y que el proceso de remoción del magistrado "representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia" y es un mensaje para "disciplinar a los jueces".
Anoche, la municipalidad de San Isidro -el intendente, Gustavo Posse, impulsó una de las denuncias- emitió un comunicado en el que enumeró los cuatro casos admitidos en contra de Sal Lari:
- La libertad de un delincuente que, pese a que cumplía con arresto domiciliario -impuesto por un tribunal de La Matanza-, robó a una pareja.
- No dar lugar a un pedido de exclusión del hogar de un padre acusado de abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo desde los seis años.
- Haber concedido un allanamiento en un caso de venta de estupefacientes tres días después de haber sido solicitado por la fiscalía. El juez alegó que había autorizado el operativo el mismo día que le fue solicitado (viernes) pero que se concretó el lunes siguiente porque no autorizó a que se hiciera de noche.
- Haber demorado siete meses la libertad de un detenido dispuesta por la Cámara de San Isidro y después de un reclamo presentado por el mismo recluso.
El jury se inició a partir de once acusaciones; la más conocida de ellas es la que impulsaba, con el patrocinio del intendente Posse, la familia del ingeniero Carlos Regis, asesinado en San Isidro en 2008. Uno de los asesinos del ingeniero había sido excarcelado por el juez meses antes, en una causa por portación ilegal de armas.
La Asociación Madres del Dolor también impulsa la remoción. Conforme con la suspensión, su presidenta, Viviam Perrone, dijo: "Los jueces toman decisiones importantísimas, que pueden generar dolor, ¿y por qué no podemos pedirles explicación?".
En tanto, la defensa de Sal Lari rechazó los cargos y consideró que el magistrado había actuado, en todos los casos por los que fue cuestionado, de acuerdo con la ley vigente.
El jurado, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, e integrado por senadores, diputados y conjueces, analizó las acusaciones que en contra de Sal Lari se hicieron el 16 de febrero desde la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
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