Fallan sobre accionar de funcionarios judiciales durante la dictadura en Córdoba
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expedirá hoy sobre los pedidos de prescripción presentados por las defensas, en la causa en la que se investiga la actuación de magistrados y funcionarios judiciales federales durante la dictadura.
En la audiencia del pasado lunes expusieron los abogados defensores de los ex fiscales federales, Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y del ex juez federal Miguel Angel Puga, José Buteler Julio Loza, Carlos Lascano Roqué y Angel Carranza.
Los letrados solicitaron la prescripción de la causa y argumentaron que la conducta imputada a sus clientes (privación ilegítima de la libertad agravada) "no configura un tipo penal susceptible de ser calificado como delito de lesa humanidad", como lo había sostenido el juez federal subrogante de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición del juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.
Por su parte, el fiscal general subrogante, Carlos Gonella rechazó el planteo de los defensores, al sostener que según tratados internacionales, "también cometen delitos de lesa humanidad, los funcionarios que toleren la perpetración de esos delitos o que colaboren de cualquier otro modo en su comisión", por lo que solicitó que el planteo de las defensas sea rechazado por "improcedente".
Por su parte, los abogados querellantes, Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja plantearon su rechazo a los planteos recursivos interpuestos por las defensas y adhirieron a lo expresado por Gonella al tiempo que pidieron al tribunal solicite al juez Piedrabuena la "máxima celeridad", para esclarecer los hechos investigados tras lo cual la cámara pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para definir si hace lugar o no a lo solicitado por los defensores.
Las actuaciones se iniciaron en la presentación formulada por los abogados querellantes Ceballos y Rubén Arroyo, en la causa en la que se juzgó a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez junto a otros 29 acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), de la capital mediterránea.
En la presentación, los letrados solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal existente para que sean investigadas las conductas de magistrados y funcionarios de la justicia federal de Córdoba de aquella época.
En la oportunidad, Ceballos y Arroyo mencionaron al ex juez Puga, a Ricardo Haro, actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); Carlos Otero Álvarez; Luis Eduardo Molina; Eudoro Vázquez Cuestas; Antonio Sebastián Cornejo y Alí Fuad Alí.
Posteriormente el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes, resolvió desestimar la denuncia contra Otero Álvarez, Molina y Haro y sobreseer a Puga, Cornejo y Fuad Alí.
Esta resolución motivó que la fiscalía general y la parte querellante, interpusieran recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Ante la presentación, el tribunal hizo lugar al recurso planteado por el abogado querellante, Miguel Martínez, declarando la nulidad de todos los actos posteriores a la intervención en la causa de Sánchez Freytes, señalando que éste debía continuar con la tramitación de la causa.
Luego que la Cámara devolviera las actuaciones, Sánchez Freytes se inhibió de seguir interviniendo, por lo que se designó por sorteo al juez Piedrabuena, quien rechazó los pedidos de prescripciones de la acción penal solicitadas por los defensores en las causas contra Fuad Alí, Puga y Cornejo, por considerar que los hechos que se les imputan (privación ilegítima de la libertad agravada) no constituyen delitos de lesa humanidad.
Concluidas las exposiciones, tanto de los defensores como de la fiscalía y la parte querellante, la Cámara dará a conocer hoy su resolución.
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