La Cámara Federal de Apelaciones debe decidir la suerte del ex legislador Varas
El ex representante juecista y titular de la UOM está acusado de defraudación y falsificación de documento privado. Como no hay presos, la resolución podría demorar varios meses.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recibirá en las próximas horas la causa en la que está imputado y procesado el ex legislador juecista y secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, Augusto Varas.
El tribunal, integrado por Ignacio Vélez Funes, Luis Roberto Rueda y Abel Sánchez Torres, deberá confirmar o revocar el procesamiento de Varas y de otras seis personas involucradas en “un plan tendiente a obtener del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un subsidio de 161.848,30 pesos para el dictado de talleres textiles a personas carenciadas, a los fines de desviar el dinero de su destino y apropiárselo”, según consta en el expediente.
La acusación, que fue apelada por todos los imputados, tuvo dos derivaciones políticas: la renuncia de Varas a la banca obtenida para el Frente Cívico, y el contraataque del oficialismo, que achacó al dirigente sindical haber utilizado esos fondos para la campaña electoral de 2007, en la que Varas apoyó la candidatura de Luis Juez a la Gobernación.
El parlamentario delasotista Daniel Passerini se puso detrás de esta grave acusación, con el argumento de que los retiros de los fondos que intentaron justificarse con facturas falsificadas coincidieron con las últimas semanas de aquella campaña.
Varas negó la acusación. Reiteró que es inocente, que su participación en el caso se limitó a la realización de “buenos oficios” para favorecer a la Radio La Ranchada (de la mutual Mujica, beneficiaria del subsidio) y que confía en que la Justicia, finalmente, le dará “la razón”. “No tengo responsabilidad en esto –había dicho Varas semanas atrás, cuando fue procesado–; el fiscal Enrique Senestrari tuvo este expediente casi dos años y de pronto lo sacó ahora, sin tener en cuenta mi expli-
cación. Y el oficialismo lo va a utilizar para la campaña, a pesar de que ellos tienen más cosas para explicar”.
Fuentes de los tribunales federales confiaron a este diario que la Cámara Federal no tiene plazos oficiales para definir si confirma o revoca el procesamiento u ordena profundizar la investigación. “En promedio –explicó una funcionaria con acceso a la causa–, la Cámara Federal está demorando unos cinco meses en resolver las apelaciones”. Si se tiene en cuenta que este caso no tiene personas detenidas, es probable que recién tenga resolución después de las elecciones provinciales del 7 de agosto; aunque, en campaña, cualquier promedio puede modificarse.
Si la Cámara Federal confirma el procesamiento, le resultará difícil a los imputados evitar el juicio oral. El fiscal Enrique Senestrari, responsable de la investigación, dijo a este
diario: “Salvo que la Cámara sostenga otra cosa, yo espero la causa para mandarla a juicio, porque me parece que está suficientemente probado que Varas se apoderó del subsidio que era para la mutual Mujica”.
El caso. Todo comenzó con una denuncia formulada por Marco Antonio Galán y Julio Ricardo González, presidente y tesorero, respectivamente, de la mutual Carlos Mujica, entidad a la que estaban destinados los recursos que habrían quedado en manos del ahora ex legislador.
El caso fue difundido por el programa de televisión ADN, que presentó testimonios de damnificados, que luego fueron corroborados en sede judicial. Aunque Galán y González no mencionaron a Varas, la investigación de Senestrari determinó la presunta responsabilidad de Varas en la comisión de los delitos de defraudación a una administración pública, falsificación de documento privado y adulteración.
También fueron procesados Carlos Aguirre, Mónica Bisio, Hugo Roberto Chavarría (defraudación a una administración pública) y Eve Rodríguez y Carlos Bisio, en carácter de partícipes secundarios. El hijo del ahora ex legislador, Augusto Martín Varas, resultó procesado por encubrimiento en grado de tentativa. También estuvieron involucrados, aunque no resultaron imputados, la esposa de Varas, Beatriz del Valle de Varas, y Rubén Urbano, secretario adjunto de la UOM.
También resolvió el juez trabar embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 50 mil pesos (cada uno) o inhibirlos de la libre disposición de esos montos.
El presunto fraude habría ocurrido antes de que Varas fuera elegido legislador, cuando por sus “buenos oficios” la mutual Mujica resultó destinataria del subsidio para comprar máquinas de coser y computadoras para capacitar a personas carecientes. Aunque se compraron las máquinas, la capacitación nunca se concretó. Y para justificar el gasto del dinero, según sostiene el fiscal, fraguaron y adulteraron facturas de las capacitadores, nombres y direcciones de supuestos alumnos.
El delito de defraudación tiene condena de dos a seis años. Como Varas no tiene antecedentes, en caso de resultar condenado, recibiría la mínima.
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