Los magistrados son protagonistas de un enfrentamiento silencioso

La desaparición de 4,5 kilos de cocaína del depósito del Juzgado Federal Nº 2 es motivo de otra interna descarnada. A lahora de las responsabilidades, nadie se hace cargo.

Las internas en el ámbito de la Justicia Federal de Córdoba parecen ser permanentes y por momentos se convierten en verdaderas batallas que tienen como escenario el rumor, las sombras, el anonimato. Se libra una guerra donde el silencio es sagrado. Cada uno se cuida de hablar con alguien para no resultar lesionado o mortalmente herido en una guerra silenciosa donde se tocan todos los timbres en la búsqueda de adictos o de influencias que lleven al triunfo personal o de un grupo supuestamente unido. Hay varios frentes de batalla y ganar en uno no significa vencer en el otro. El combate más importante se libra en la designación de integrantes de la Cámara Federal y de los dos tribunales orales, diezmados por retiros anticipados o renuncias que tienen que ver con supuestas complicidades en violaciones a los derechos humanos u otro tipo de herramientas políticas para ocupar cargos vacantes.

Por momentos cuesta creer que una funcionaria de carrera como la secretaria Penal del Juzgado Federal N° 1, Liliana Navarro, tenga que competir con el fiscal de Instrucción de Río Segundo, Luis Nazar, en causas abiertas por supuesto pedido de coimas.

Y si hacía falta otro enfrentamiento, en los últimos días de diciembre explotó un bombazo que los unos y los otros quisieron llevar (y/o aprovechar) para llevar agua a su molino.

Fue cuando La Voz del Interior publicó el escándalo surgido durante un juicio por narcotráfico que se ventilaba en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 2.

Inesperadamente, surgió que de los 13 kilos de cocaína secuestrados en la causa, que llevó a la condena de cuatro imputados, habían desaparecido nada menos que 4,5 kilos.

Nuevo frente. A partir de la publicación de este diario se abrió un nuevo frente de lucha, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades y, después de los primeros bombardeos verbales, todos se llamaron a silencio y continuaron la disputa en el escenario que muchos prefieren, el de la búsqueda de padrinos en el mundo de la política.

En la “batalla” puntual por la desaparición de 4,5 kilos de droga, las acusaciones fueron mutuas. Desde el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 2 se apuntó primero al fiscal Gustavo Vidal Lascano y luego al juez Alejandro Sánchez Freytes, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad en el tema.

Así, la opinión pública pudo enterarse que por las manos de los fiscales federales no pasa la droga secuestrada, sino papeles, sólo las actas firmadas con testigos presenciales de los procedimientos. Desde el “arco” de los fiscales, la pelota pasó al de los jueces.

Hasta ese instante se puede hablar de negligencias, de “fracaso” en los controles, pero no de corrupción.

Lo cierto es que el expediente de narcotráfico con el faltante de 4,5 kilos de cocaína se paseó por todos los ámbitos de la Justicia Federal de la ciudad de Córdoba, incluida la apelación a la Cámara.

Nadie se dio cuenta del faltante. Todo se supo por una pregunta, la de un abogado que incrédulamente quiso saber por qué se habían peritado 8,5 kilos de droga y no los 13 kilos secuestrados en el marco de la investigación. Fue como un tiro al vacío que perforó los chalecos de seguridad de los magistrados.

Desde el edificio principal de Tribunales Federales, las sospechas apuntaron al Tribunal Oral Federal N° 2, porque según el Código de Procedimientos, cuando se habla de los actos preliminares del juicio, tanto la Cámara como el fiscal (en especial este último) deben analizar los elementos de prueba aportados a la causa. ¿Cómo no se dieron cuenta del faltante de drogas? ¿Verificaron las pruebas? Frente a estos interrogantes, el Tribunal Oral Federal N° 2 cargó las tintas contra el fiscal Gustavo Vidal Lascano y contra el juez Alejandro Sánchez Freytes.

Negligencia. En su momento, Vidal Lascano sostuvo que el juicio jamás se debería haber iniciado porque el tribunal oral debía analizar las pruebas y se le pasó por alto la sustracción de la droga. Mientras tanto, Sánchez Freytes admitió una negligencia pero en la que no tenían nada que ver ni el secretario ni el juez.

Si nos atenemos a la fría letra de la ley, la responsabilidad recaería finalmente en el tribunal que decidió realizar el juicio, más allá de todos los errores previos.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a los cuatro imputados y notificó al Procurador General de la Nación de lo ocurrido, en obvia alusión, sin dar nombres, de Vidal Lascano.

En ámbitos de la Cámara Federal hay quienes hablan del “pobre Alejandro, (por Sánchez Freytes) que fue denunciado en el Consejo de la Magistratura”.La verdad es que nada de lo que se dice o comenta sin asumir la responsabilidad con nombre y apellido puede tomarse como algo serio.

En ese contexto, el camarista José María Pérez Villalobo declaró a este diario que Sánchez Freytes manifestó que hubo una negligencia por parte de alguna empleada o empleado, pero que nada tenían que ver el juez o su secretario.

Asimismo, Pérez Villalobo entendió que podría haber una “responsabilidad política del juez y por eso hubo una comunicación al Consejo de la Magistratura”.

Sánchez Freytes no pudo ser consultado al respecto por este diario porque goza de licencia por compensación de feria.

El elegido. El magistrado fue elegido por sus pares del país como representante de los jueces federales del interior en el Consejo de la Magistratura. Su asesor en ese organismo que rige la conducta y las designaciones de jueces federales, Luis Barud, aclaró que días atrás llegó una comunicación (lo más distante a una denuncia) al Consejo de la Magistratura, pero aún no ha sido tratada ni figura en el orden del día.

“Puedo decirle que el juez Sánchez Freytes habló informalmente con los consejeros para dar sus explicaciones, pero el tema está en carpeta, detrás de una larga lista de pedidos de informes”. Barud se excusó de hablar sobre la actuación de Sánchez Freytes al frente de su juzgado, pero confirmó una situación que apunta a la Policía como autora del robo de la droga. “Sé que le pidió al jefe de Drogas Peligrosas que le devuelva los autos (producto de secuestro por la comisión de delitos federales) que le había asignado”, reconoció el vocero, dando por sentado que en el pensamiento del juez los únicos responsables del faltante de cocaína fueron los policías.

Demás está decir que Sánchez Freytes se sintió defraudado por la confianza depositada en los investigadores. Pero en esa batalla silenciosa y en sus consecuentes operaciones dignas de la “guerra fría”, todo vale.

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