Lecturas de campaña

La imputación del ex legislador delasotista Marcelo Falo, resuelta ayer por el fiscal Alejandro Moyano, reflotó el caso que había explotado en noviembre del año pasado. 

La imputación del ex legislador delasotista Marcelo Falo, resuelta ayer por el fiscal Alejandro Moyano, reflotó el caso que había explotado en noviembre del año pasado y que, tras convulsionar el escenario político provincial, pareció empantanarse en los despachos tribunalicios, nunca indiferentes a los tiempos del poder político (VerImputaron a Falo por "frustrar" el cobro de 4 cheques rebotados).
En el casi medio año que transcurrió desde que este diario puso en evidencia la situación de Falo, se presentaron denuncias y demandas que derivaron en la tramitación de 22 causas, cinco penales y otras 17 civiles.
En esos expedientes, aparecen decenas de personas físicas y jurídicas, militantes, profesionales, amigos y ex amigos de Falo. En consecuencia, el ex funcionario quedó envuelto en presuntas estafas, sospechado de lavado de dinero para encubrir una supuesta evasión impositiva e investigado por enriquecimiento ilícito, ya que, según el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, manejó en sus cuentas 18 millones y medio de pesos en sólo dos años, con un sueldo apenas superior a los 10 mil pesos.
De acuerdo con los registros del Banco Central, el ex funcionario provincial alcanzó a librar 107 cheques sin respaldo, por un total de 3.204.070 pesos. Con todos esos números y antecedentes, la imputación por “frustración maliciosa de cheques” en un caso de sólo cuatro valores por 250 mil pesos, parece mezquina.
Sin embargo, leída en términos políticos (parece imposible no hacer esa lectura en un año electoral, con el ex jefe de Falo como candidato del oficialismo), la imputación tiene muchos significados.
Para el oficialismo, demuestra la independencia judicial y libera de compromisos a José Manuel de la Sota, quien ante cada pregunta podrá responder que “ya está en manos de la Justicia”. Para la oposición, en cambio, se trata de una imputación leve, hecha a medida de las necesidades de Unión por Córdoba, que quiere dar por cerrado el caso antes de la campaña electoral.

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