La droga que desaparece
Una pericia confirmó la sustracción de 4,5 kilos de cocaína de un procedimiento ordenado por el juez Alejandro Sánchez Freytes.
¿Qué pasó con las desapariciones de importantes cantidades deestupefacientes de depósitos judiciales de la Justicia Federal de Córdoba?
Cada vez que un periodista pregunta sobre la marcha de la investigación de esas graves irregularidades, se advierte un repentino silencio. Es como si tácitamente existiera un “secreto de sumario” en cada rincón de la torre enclavada a metros del Parque Sarmiento de la capital provincial.
El escándalo estalló el domingo 26 de diciembre de 2010, cuando este diario informó sobre la inesperada derivación de un juicio por narcotráfico que se había ventilado en el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba, al descubrirse el faltante de 4,5 kilos de cocaína que ni siquiera llegaron a ser peritados.
Informes. El lunes 27, quizá ante el estado público que tomó la noticia, el referido tribunal solicitó informes al Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, y a la Policía de Córdoba.
La droga de la discordia había sido secuestrada en los primeros días de febrero de 2009 y quien advirtió la grave irregularidad fue el abogado Miguel Juárez Villanueva, recién el viernes 3 de diciembre de 2010, cuando se inició el juicio contra dos jujeños que enviaban “narcoencomiendas” a dos cordobeses.
El hecho fue, si se quiere, casual. Cuando se leyó la acusación en esa primera audiencia, se habló del secuestro de 13 kilos de cocaína, pero en cuanto a pericias, la cantidad disminuía a 8,5 kilos. El defensor de Ariel Enrique Savioli (finalmente condenado a siete años de prisión) comentó sus sospechas al fiscal Carlos Gonella y, ante semejante “novedad”, solicitó la inmediata excarcelación de su cliente, al entender que había desaparecido la prueba del hecho que se le endilgaba.
Para el fiscal fue suficiente la prueba de narcotest inicial realizada durante el procedimiento policial para demostrar que se había incautado droga y, al final del proceso, ese incidente en nada influyó y hubo condenas para todos.
Al conocerse los fundamentos de la sentencia, la Cámara –presidida por Carlos Lascano e integrada además por José María Pérez Villalobo y Fabián Asís– remitió los antecedentes al fiscal de turno para que se investigara y se estableciera dónde estaban los 4,5 kilos de cocaína.
El tema recayó en manos del fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien precisamente había solicitado la elevación a juicio del controvertido caso de las “narcoencomiendas” y la caja donde supuestamente se encontraba la droga había sido depositada en el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes. A esa altura, ya se había abierto la caja precintada remitida por Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, la que obviamente estaba vacía. ¿Y cómo marcha la investigación? ¿Se está haciendo algo?
Pericia reveladora. Aunque Vidal Lascano se ha llamado a silencio, fuentes de su fiscalía revelaron que se realizaron “importantes diligencias”, entre ellas una “sorpresiva” (¿será cierto?) inspección ocular en la Jefatura de Policía de Córdoba, más precisamente en el ámbito de Drogas Peligrosas.
Hasta el momento habrían declarado alrededor de 40 personas, entre ellas el jefe del mencionado gabinete policial, el personal que estuvo comisionado a la investigación de las encomiendas procedentes del norte del país y el “correo” que entregó los secuestros en el Juzgado Federal N° 1.
“Se está trabajando en serio; se trajeron también hasta los dos testigos civiles que presenciaron el procedimiento hace más de dos años”, dijo el funcionario entrevistado. Recordó el vocero que, en esa oportunidad, uno de los testigos pidió 30 minutos de tiempo para ir a su casa, porque llevaba encima una verdadera fortuna que acababa de retirar de un banco.
“No puedo andar con este dinero encima durante tantas horas; déjenme ir a casa y después estoy todo el tiempo que quieran”, imploró el testigo. Y a los 30 minutos estaba de vuelta. Por la Fiscalía desfilaron todos los empleados del juzgado de Sánchez Freytes, incluido su secretario.
Si se realizara una encuesta sobre quién robó la droga, la Policía arrasa. ¿Qué explicación se dio para justificar que los 4,5 kilos de cocaína se enviaron 75 días después que los 8,5 kilos restantes? “Lo que pasa es que se secuestraron las encomiendas en la empresa que las había recibido. En ese caso, es como si se tratara de correspondencia, de una carta: la Policía no puede abrirla; el único que puede hacerlo es el juez”, explicó nuestro interlocutor.
Lo que nadie sabe explicar es por qué se demoraron dos meses y medio para remitir la caja que supuestamente ya había sido vaciada. ¿Es normal que exista semejante demora? ¿Qué necesidad tienen los policías de quedarse con el material secuestrado y no entregarlo una vez concluido el procedimiento? ¿No llama la atención de fiscales, secretarios y jueces esa modalidad, que puede terminar en olvido, como ocurrió con los 4,5 kilos de cocaína?
Vidal Lascano se ha preocupado en todo momento de no acusar de lleno a los policías, ya que la caja también fue manipulada por un perito. ¿Y por qué el perito se habría tomado semejante trabajo para extraer la droga desde una parte del fondo de la caja, si con abrirla y sacarla era suficiente?
Lo del perito sería más que improbable, porque en el Juzgado se enteraron del faltante cuando este diario publicó lo sucedido en el juicio contra la pareja jujeña y los dos cordobeses.
Hasta ahora, el resultado más importante de lo actuado es una pericia de Gendarmería Nacional sobre la caja que contenía la droga. La fuente consultada reveló que la droga fue sustraída por la parte inferior de la caja.
“Cuando cortaron el precinto y la abrieron, no había nada y el fiscal quería saber si hubo o no hubo cocaína adentro del envase. Al parecer, la droga estuvo y para sustraerla levantaron parte de la cinta de un costado de la base de la caja y, después de retirar el estupefaciente, volvieron a pegarla”. ¿Quién se habrá tomado ese trabajo?
Todas las miradas apuntan a la Policía, aunque nada se descarta. Por eso, Vidal Lascano mantuvo semanas atrás en su despacho una reunión reservada con el jefe de la Región III de Gendarmería Nacional, comandante general Fernando Francisco Provasi. En esa oportunidad, el fiscal solicitó una “ampliación” de la pericia, para ver si es posible identificar al ladrón.
El estudio pericial demandará su tiempo, ya que Gendarmería realiza un análisis y una hipótesis para recién arribar a una conclusión. Las pericias se realizan en el gabinete existente en Córdoba y, si son demasiado complejas, se recurre a la Dirección Técnica Pericial en Buenos Aires, que cuenta con más recursos tecnológicos.
Lo que se viene. Hasta ahora, la fiscalía de Vidal Lascano está dedicada a investigar la sustracción de los 4,5 kilos de cocaína, pero se trata sólo del principio de lo que podría definirse como una megacausa de hechos de corrupción detectados en esa y al menos otra Fiscalía. “Hay varios hechos similares, aunque en menores cantidades. Se han abierto dos grandes causas, que incluyen no sólo la desaparición de sustancias estupefacientes sino de dinero, celulares e incluso alguna computadora”, confió la misma fuente.
Ante la repetición de hechos similares, y si bien el robo de los 4,5 kilos de cocaína tiene a la Policía como el principal sospechoso, resulta más que evidente que hay personal judicial involucrado.
“Está bien que se haya armado este escándalo”, declaró Vidal Lascano a las pocas horas de hacerse cargo de la investigación. Y agregó que se habían “relajado los controles, en virtud de la confianza y de muchos años de trabajar de la misma manera. Eso trajo aparejado que la droga haya desaparecido”.
Aunque los allegados a Vidal Lascano aseguran que se va por el buen camino, en los pasillos el comentario generalizado es que “no va a pasar nada, como siempre”, en alusión a tantos “peces gordos” involucrados en causas de millonarias estafas y desfalcos empresariales y bancarios que terminaron en la prescripción.
¿Juicio nulo?
El escándalo de la última semana de diciembre dejó mucha tela para cortar y hay acusaciones cruzadas en cuanto a las responsabilidades y si el juicio que terminó con cuatro condenas debió realizarse o no. Por lo bajo, se acusan los unos a los otros y de una y otra parte creen que en esas condiciones “no debió realizarse”.
Uno de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones –que pidió reserva de su identidad– evitó pronunciarse al respecto, pero aseguró que “hubo negligencia de alguien”, al referirse a la desaparición de los 4,5 kilos de droga del depósito del juez Sánchez Freytes, actualmente de licencia por compensación de feria.
El abogado Juárez Villanueva opinó que a su defendido Ariel Enrique Savioli le dieron siete años de prisión por un hecho que no existió. “A él se le imputaba la tenencia de los 4,5 kilos de droga que jamás fueron peritados y desaparecieron”, sostuvo el defensor, al justificar el recurso presentado ante la Cámara Nacional de Casación. Será ese tribunal de alzada el que tendrá la palabra final sobre la legalidad del juicio.
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