El 24% de los municipales de Alta Gracia presentó demandas laborales

Hay 120 presentaciones contra las ART. La mayoría es patrocinada por un ex asesor letrado del municipio.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia tiene a consideración alrededor de 120 demandas laborales de empleados de la Municipalidad de esa ciudad contra las aseguradoras de riesgos del trabajo de La Caja, La Segunda, Provincia ART y Consolidar, por supuestas enfermedades y accidentes de trabajo.
Fuentes de ese juzgado admitieron ante este diario que las demandas corresponden a los años 2009 y 2010.
El municipio de Alta Gracia tiene 500 empleados –entre planta permanente y contratados– por lo cual la cantidad de demandas representa el 24 por ciento del total del personal. De las alrededor de 120 demandas, entre 60 y 70 son patrocinadas por el abogado René Eugenio Coggiola, quien hasta 2005 fue asesor letrado del intendente del municipio, Mario Bonfigli.
Coggiola fue despedido por Bonfigli luego de que fuera filmado con una cámara oculta presuntamente pidiendo una coima a empresarios que pretendían instalar un corral de engorde en Alta Gracia. En esa causa –que está virtualmente paralizada– fue imputado también el intendente Bonfigli, Coggiola y otro funcionario.
Hace dos meses, el abogado Alejandro Zeverín presentó ante el Juzgado Federal N° 1 una denuncia penal porque no se investigaron las demandas de empleados municipales de Alta Gracia contra varias ART.
El pedido de investigación penal alcanza al titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola; al fiscal general de la Provincia, Darío Vezzaro; a Bonfigli; al asesor letrado del municipio, Alberto Tello, a Coggiola; al director del Centro de Medicina Legal, René Llabot, y al secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Alta Gracia, Santiago Medina. También incluye a funcionarios de las ART contratadas por el municipio de Alta Gracia.
Zeverín denunció que hay “casi 200 demandas laborales” de empleados del municipio de Alta Gracia. Acusó a los funcionarios por los presuntos delitos de “violación a los deberes de funcionario público, encubrimiento, estafa, fraude y asociación ilícita, todos en contra de la administración pública”.
El intendente Bonfigli dijo a este diario que el asesor letrado del municipio tenía conocimiento de alrededor de 70 demandas, promovidas por Coggiola. “Yo me preocupo por los juicios que recibe la Municipalidad, esa es mi responsabilidad; pero no por las demandas contra la ART. Si hay algo raro está en la ART o en el sindicato que podría estar prendido con los abogados. La alta siniestralidad no nos conviene porque pagamos más de ART”, justificó Bonfigli.
Al ser consultado por este diario sobre la denuncia de Zeverín se limitó a decir: “Estamos hablando de un abogado mediático, escandaloso”. En el pedido de investigación, el abogado vinculó a Coggiola con el fiscal Vezzaro y dijo que “eran socios de un mismo estudio”.
Zeverín sostiene que la investigación de la industria del juicio corresponde al fuero federal, ya que las indemnizaciones que pagan las ART, a través de los acuerdos judiciales, provienen de un fondo fiduciario especial administrado y controlado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El letrado anticipó que en los próximos días la Justicia Federal se pronunciaría sobre la competencia del caso y podría anularse todo lo actuado por la Justicia provincial.
La pesquisa de la industria del juicio se abrió en Córdoba luego de que, a fines de 2009, González Gaviola, amenazara con presentar una denuncia ante la Justicia Federal por la alta litigiosidad laboral en Córdoba. A partir de esa presión, el Tribunal Superior de Justicia motorizó la investigación. El 12 de agosto del año el fiscal Enrique Gavier ordenó allanamientos en los que se detuvo a ocho médicos y abogados, por fraude contra la ART Provincia que tenía cobertura sobre la Municipalidad de Córdoba.
La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó días atrás la prisión preventiva de cinco de los seis imputados y fijó un plazo hasta el 18 de junio para concluir la pesquisa.

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