El fiscal Roberto Matheu enfrentará mañana al Jury
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba iniciará desde mañana un proceso de destitución al fiscal penal Roberto Matheu, a quien se le imputa presunto mal desempeño y supuesta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Los miembros del Jury notificaron a Matheu y al fiscal general de la Provincia, Darío Vezzaro, quien impulsa la acusación contra el funcionario, que se ha fijado para mañana, a las 9.30, el inicio de las audiencias públicas del proceso de remoció.
La fecha fue establecida luego de que, según lo establece la Ley provincial 7.956, que rige el funcionamiento del Jury en Córdoba, las partes dispusieron de un plazo de 30 días para formular y ofrecer prueba documental y testimonial.
Durante la primera audiencia se leerá el pedido de destitución que pesa sobre el fiscal y, luego, se preguntará a Matheu si quiere manifestarse, tras lo cual comenzarán a declarar -de acuerdo con un cronograma prefijado- algunos de los 19 testigos ofrecidos por las partes.
Al Jury de Enjuiciamiento cordobés lo integran una representante del Tribunal Superior de Justicia (María Esther Cafure de Battistelli), y cuatro legisladores, dos por el oficialismo (Sergio Busso y Walter Saieg) y dos por la oposición (Rodrigo Serna y Miguel Nicolás).
CasoEl caso que involucra a Matheu y que, finalmente, decidió al Jury a someterlo a un proceso de remoción, se inició en 2005 cuando la jueza de Control Anticorrupción, Ana María Lucero Offredi, solicitó que se lo imputara por su actuación en una causa, pero, para poder juzgar penalmente a un funcionario o magistrado previamente hay que destituirlo.La jueza había pedido la imputación, porque, en el marco de una investigación penal por el secuestro de un joven (Federico Ariente), uno de los sospechosos por el hecho -de acuerdo con escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia- mencionó el supuesto pago de coimas a un fiscal.En la investigación penal a Matheu se le imputó cohecho pasivo agravado y abuso de autoridad por la supuesta devolución de un auto secuestrado durante un procedimiento realizado a raíz del secuestro de Ariente, así como por la liberación de quienes estaban detenidos en dicha causa.
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