Enorme minucia
Ya nada parece colmar la capacidad de asombro de los argentinos, ni siquiera que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alquile departamentos donde funcionan prostíbulos.
No hay evidencias de que exista capacidad de asombro en los argentinos. Todo puede darse, desde lo más sublime a lo más aberrante, sin que suscite la reacción adecuada.
Los gobernantes pueden robar y ser reelegidos en forma plebiscitaria. Empresarios, enriquecerse con el contrabando y facturaciones falsas, evadir impuestos y fugar divisas por cifras siderales, quebrar de manera fraudulenta sus negocios y dejar en la calle a centenares de desempleados, que igual gozarán de la confianza de colegas, gobernantes y dirigentes sindicales.
Lo mismo puede decirse de quienes emiten cheques sin fondos por centenares: el Banco Central les permitirá recibir nuevas chequeras para proseguir con sus actividades.
Dirigentes sindicales pueden reunir fortunas incalculables y su maquinaria les garantizará reelecciones indefinidas y llegar a una ancianidad asegurada por la riqueza y el poder político acumulados.
Los narcotraficantes extienden sus operaciones ilegales, mientras el jefe del Gabinete de Ministros tranquiliza a la población asegurando que sus crímenes son mínimos en comparación con los que perpetran carteles mejicanos.
No causa, pues, el debido escándalo que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconozca en público que en al menos cuatro de sus 15 propiedades funcionaban prostíbulos de lujo. Ni siquiera asombra que un jurista de renombrada inteligencia y reconocida autoridad en Derecho Penal sea incapaz de conocer el destino que se daba a sus bienes rentados.
Ya en octubre de 2003, durante el proceso que condujo a su designación como ministro de la Corte, había reconocido ante el Senado de la Nación que quien llevaba sus declaraciones fiscales ante el organismo recaudador había cometido el “error” de no reconocer ciertas cargas y no haber declarado sus cuentas bancarias en el exterior.
Decíamos días atrás, en esta misma columna, que el ejercicio de la prostitución no es delito en la Argentina, como el mismo miembro de la Corte señaló ahora. Pero también advertíamos que para terminar con la trata de personas en la Argentina no basta con prohibir avisos sexuales en los diarios, como anunció la Presidenta de la Nación, sino que hay que iniciar una lucha “a fondo” contra la esclavitud sexual, con activa participación de todos los poderes del Estado en torno de prostíbulos y whiskerías que muchas veces cuentan con la complicidad de policías y jueces.
No es decoroso que un miembro del máximo tribunal de la Argentina arriende departamentos para la práctica del comercio sexual. Si queremos mirarnos en el prestigio de otros países por su militancia dentro de la ley, conviene advertir que sus jueces no incurren en ese tipo de distracciones en sus actividades comerciales. Y si lo hacen y son descubiertos, renuncian sin consultar al Poder Ejecutivo o a políticos amigos.
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