El Senado analiza intervenir el Poder Judicial de Corrientes



En comisión, el oficialismo respaldó el proyecto del senador José María Roldán, del Frente de Todos, y acusó al gobernador Ricardo Colombi de impulsar desde la Justicia provincial una maniobra para proscribir la candidatura de Camau Espínola.
En medio de un fuerte debate, el Frente para la Victoria inició ayer en el Senado el análisis del pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia de Corrientes. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió para discutir el proyecto del senador José María Roldán (Frente de Todos, opositor al gobierno provincial), autor de la iniciativa que propone la designación de un interventor judicial por parte del Poder Ejecutivo nacional por un período de 180 días. Desde el kirchnerismo respaldaron la iniciativa y denunciaron que el gobernador Ricardo Colombi utiliza políticamente a la Justicia provincial para impedir la candidatura del intendente de la capital, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, quien se presenta como competidor de Colombi para las elecciones de septiembre próximo. Mañana se reunirá nuevamente la comisión y se convocará al presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Carlos Rubín, para que dé explicaciones.
“Estamos ante la presencia de una maniobra proscriptiva del gobernador Colombi que pretende sacar de carrera al candidato Camau Espínola”, denunció vehemente el senador Miguel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Espínola fue procesado hace unas semanas por la jueza de instrucción Graciela Elizabeth Ferreyra, por el derrumbe de una obra en construcción ocurrido el 22 de marzo del año pasado, que provocó la muerte de ocho obreros.
En el fallo, Ferreyra dictó el procesamiento de empresarios y funcionarios públicos municipales, pero no involucró a funcionarios provinciales, que según el kirchnerismo tenían la responsabilidad de controlar la obra. “Es un procesamiento para evitar mi candidatura, eso se pretende con el fallo”, señaló Espínola días atrás y aseguró que “el control de policía debía ejercerlo la Subsecretaría de Trabajo de la provincia”, en referencia a su titular, Laura Vischi, quien no fue llamada a declarar.
Durante la reunión de comisión, Pichetto agregó que la jueza Ferreyra procesó a Espínola por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando lo había imputado solamente por el primero. El jefe de la bancada oficialista advirtió que de esta manera se violó el derecho de defensa, ya que se lo procesó a Espínola por un delito del cual no se había podido defender al no estar imputado. “Vengo a defender aquí el derecho a la participación democrática. A elegir y ser elegido. Queremos denunciar lo que está en marcha. Nos llaman mucho la atención los acontecimientos de los últimos días”, advirtió Pichetto.
El oficialismo detalló que la Constitución de Corrientes tiene contradicciones con la Constitución Nacional en su artículo 89, donde establece que “no pueden ser diputados los procesados, con auto de prisión preventiva firme; los que hayan sido condenados a pena de reclusión o prisión”. El texto colisiona con el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado como tratado internacional con jerarquía constitucional en la reforma del ’94. El tratado establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser elegidos y que la ley puede reglamentar el ejercicio de ese derecho “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal”. Es decir, no por un procesamiento.
La UCR salió en defensa del gobernador Colombi, al considerar que “no hay peligro de proscripción”, y acusó al kirchnerismo de utilizar electoralmente la situación para “victimizar” al intendente. “Es válido que vengan al Senado a hacer campaña para Camau Espínola victimizándolo. Pero están dadas las garantías para que se presente porque hay jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto. Además, ustedes han dicho que la mayoría de los jueces de la provincia son buenos”, aseguró el senador radical Gerardo Morales, quien también citó declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, cuando, como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se opuso a la intervención del Poder Judicial de San Luis. El senador radical Eugenio “Nito” Artaza, también enfrentado con Colombi y candidato a la gobernación, rechazó la propuesta de intervención por considerar que existen mecanismos internos en la provincia para resolver esos conflictos.
“Acá hay un gobernador que está más sucio que una papa”, disparó Roldán, ex aliado de la UCR y ex funcionario del gobernador Arturo Colombi, primo de Ricardo Colombi, también de origen radical. El senador por Corrientes denunció la existencia de “mafias” en la provincia y también acusó al gobernador por el procesamiento de Espínola. “Es una resolución amañada que tiene que ver con sacarlo de la carrera electoral porque viene siendo el favorito en las encuestas”, insistió Roldán.
Al finalizar el encuentro, la UCR propuso el archivo del proyecto, lo cual fue rechazado por la mayoría de la comisión, que continuará su tratamiento mañana.

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