Los fallos del tribunal que más inquietan al Gobierno
La ley de medios, la Rural y una causa po.r deudas de Anses, en la lista de la Corte.
En la Justicia creen que las presiones del Gobierno sobre la Corte Suprema tienen un objetivo claro: condicionar al alto tribunal a la hora de dictar sentencia en varias causas de muy alto voltaje político.
El Gobierno no pudo evitar que, hace una semana, el máximo tribunal declarase la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura.
Pero las nuevas críticas oficiales son cada vez más claras. En la mayoría de las apariciones públicas que hizo la presidenta Cristina Kirchner este año aludió en forma explícita o velada a la Corte y a la Justicia, con fuertes críticas. Por su parte, anteayer, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, pidió expresamente que la Corte dicte una sentencia en favor de la ley de medios -para compensar el fallo contra la ley de reforma del Consejo, dijo el funcionario-. Y el senador Aníbal Fernández calificó a la Corte de "opositora".
En la Justicia creen que todas esas críticas y las presiones de la AFIP sobre Lorenzetti buscan "condicionar" al cuerpo. "Si dicta un fallo contra el Gobierno, el Ejecutivo lo tomará como una prueba de que es opositora", explican.
Las principales causas que los jueces de la Corte tienen sobre sus escritorios son:
La causa Grupo Clarín, sobre ley de medios: el Gobierno cifra todas sus expectativas para dominar a los medios independientes en este expediente. Aspira a ganar el caso, para desguazar al Grupo Clarín. Y la Corte intuye que las últimas presiones son el inicio de tiempos muy difíciles para el tribunal.
En diciembre último, la Cámara Federal Civil y Comercial dictó una medida cautelar y frustró los festejos que el Gobierno había preparado para el 7 de diciembre, el día en el cual el propio Ejecutivo se había propuesto derrotar al Grupo Clarín. Y cuatro meses después, esa misma cámara, mediante un fallo de fondo, declaró inconstitucionales varios de los artículos de esa ley. El lunes último, el expediente llegó a la Corte, pero es muy complejo el caso, así que todavía no empezó a estudiarlo.
La causa Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba) contra el Estado nacional: varias publicaciones, incluso medios audiovisuales, sostienen que no deben pagar un aumento del IVA que viene reclamándoles el Estado nacional y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La estatización del predio de La Rural. Este es, tal vez, el caso que pueda resolver más rápidamente el alto tribunal, tal vez en agosto o septiembre próximos.
En diciembre último, mediante un decreto, la Presidenta dispuso revocar la venta del predio ferial de Palermo que el Estado había hecho a La Rural, en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem.
En enero, la Cámara Civil y Comercial Federal, con una cautelar, suspendió el decreto y el gobierno nacional presentó un recurso extraordinario. Pero hubo un detalle importante: el Gobierno presentó esa apelación cuando ya había vencido el plazo legal para hacerlo. Ahora, la Corte tiene que resolver si admite la queja del Gobierno y acepta el recurso o si, simplemente leyendo el Código Procesal, lo da por caído.
Las causas sobre el cepo cambiario creado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En la Corte hay varios expedientes, pero el tribunal desearía que le llegue a estudio un caso en el cual un productor neuquino, que compró un campo en Mar Chiquita, debe pagar 125.000 dólares que la AFIP, luego de establecidas las restricciones cambiarias, no le permite adquirir al tipo de cambio oficial. Con la particularidad de que si el productor los compra en el mercado del blue, cometería una infracción.
Las demandas que presentó la provincia de Córdoba para que el Anses le pague una deuda de más de 1000 millones de pesos y para que el Estado nacional retenga menos dinero por coparticipación federal.
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