Una Justicia "rebelde" comienza a darle la espalda al Gobierno
Los jueces ya no archivan las denuncias contra funcionarios. Tribunales que hasta 2012 eran oficialistas ahora condenan al Gobierno. La jueza María Servini de Cubría acaba declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura. Y la Corte busca ponerle al Poder Ejecutivo algunos límites.
Algo comenzó a cambiar en la relación que la Justicia mantiene con la gestión de Cristina Kirchner, especialmente desde diciembre último.
Esto no significa que los jueces, habitualmente prudentes, sumisos o temerosos -según quién ponga el calificativo-, se hayan alzado en contra del Gobierno. Tampoco todos los magistrados reaccionan con igual intensidad ni por los mismos motivos. No. En la Justicia, los cambios no son tan radicales.
Pero los magistrados siempre tuvieron un fino olfato para detectar señales de agotamiento de un gobierno o para intuir cuándo llegó la hora de preservarse frente a las amenazas del Ejecutivo, sea que esas amenazas se llamen La Cámpora, Justicia Legítima o cualquier otro movimiento del oficialismo. Cada juez reacciona por distintos motivos, pero la reacción aparece.
Por ejemplo, en los tribunales de Comodoro Py avanzó mucho en los últimos tiempos la causa Ciccone y el juez federal Ariel Lijo tiene casi probado que el vicepresidente Amado Boudou se interesó en que The Old Fund, dirigida por Alejandro Vandenbroele, se hiciera cargo de la imprenta. Y también dio un paso importante la causa por enriquecimiento ilícito del ex presidente, pues se ordenó un peritaje de todos sus bienes.
El juez federal Sebastián Casanello no parece estar muy decidido en la investigación contra Lázaro Báez, pero el fiscal Guillermo Marijuan comienza a reclamarle mayor celeridad y vigor en esa pesquisa.
La Sala II de la Cámara Federal siempre fue independiente, pero la Sala I, cercana al oficialismo, no dudó en febrero último en decidir que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tiene que ir a juicio oral por el delito de dádivas que recibió cuando la empresa TEBA le pagaba el alquiler de sus departamentos.
En 14 meses, el juez Claudio Bonadio llevó a Jaime y su sucesor, Ricardo Schiavi, junto con otras 26 personas, a juicio oral. Es cierto que la tragedia de Once justificaba esa celeridad, pero esos plazos breves, hasta hace poco, no eran comunes.
Y el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa del atentado contra la AMIA, muy probablemente no vaya a declarar inconstitucional el acuerdo entre la Argentina e Irán que el Congreso aprobó en febrero, pero el fiscal federal Alberto Nissman lo puso en tela de juicio.
También la causa por la supuesta connivencia de funcionarios que entregaron fondos sin control a Sergio Schoklender tiene un avance muy lento, pero el juez Martínez de Giorgi no la cerró. Y esto, aunque parezca poco, es un dato.
Son sólo ejemplos. Pero son suficientes para indicar que los magistrados ya no están tan dispuestos a archivar sin trámite causas que involucran a funcionarios, como sí hizo varios años atrás el juez Norberto Oyarbide al haber sobreseído a Cristina Kirchner sin investigar a fondo el crecimiento exponencial de su patrimonio. "Desapareció la voluntad de ayudar y, además, el Gobierno se pasa de la raya con lo que pide", dijo a LA NACION un juez federal.
¿Qué es lo que está pasando? Algunos están muy molestos con el movimiento Justicia Legítima, impulsado por unos pocos magistrados híper-K que, desde adentro de la Justicia, cuestionan a sus colegas. Y otros calculan que es muy difícil procesar a un funcionario cuando está en la plenitud del poder, pero siguen las investigaciones a fuego lento para salir a cazarlo cuando aquél esté en el llano. ¿No es eso, acaso, lo que le acaba de ocurrir al otrora poderoso Menem? ¿Por qué no habría de ocurrirle a Cristina en un futuro?
Del mismo modo, con inusual velocidad, cinco jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo dictaron medidas cautelares que suspendieron las elecciones de jueces y abogados para el Consejo. Tras la catarata de amparos contra el corralito, no hay memoria de semejante reacción en cadena.
En ese fuero, lo que les molesta a los jueces es la intención del Gobierno de introducirles por la ventana personajes de La Cámpora, que quieren desembarcar para marcarles, desde adentro, el paso del Gobierno. "Hicimos demasiado por este gobierno y, ahora, no le vamos a permitir que nos traicione", confesaron a LA NACION dos experimentados y encumbrados magistrados.
Pero el Gobierno no tuvo éxito. La Cámara Federal Civil y Comercial, aun bajo fortísimas presiones, suspendió la aplicación de un decreto que pretendía quitarle a La Rural el tradicional predio que ocupa en Palermo y, en abril último, declaró inconstitucionales varios artículos de la ley de medios, asestándole al Gobierno un durísimo revés.
Finalmente, para el Gobierno, las cosas comenzaron a ser más difíciles en la Corte Suprema.
El alto tribunal que preside Lorenzetti ya había dictado varios fallos contra el Gobierno, como los que ordenaron a Santa Cruz que reponga en su cargo al ex fiscal general Eduardo Sosa o los que condenaron a la Anses a pagar actualizaciones reclamadas por los jubilados. Pero a fin de año se notó cierto cambio de humor. No quiere decir que la Corte vaya a rechazar todos los planteos del Gobierno. Pero sí que está dispuesta a llamarle la atención.
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