Por coimas, el TSJ suspende a siete oficiales de justicia
Se trata de un tercio del cuerpo que actuaba en la capital más un empleado del interior. Al decidiir, el Máximo Tribunal tuvo en cuenta la gravedad que reviste la imputación administrativa en cuanto menoscaba la confianza depositada en el accionar de los empleados.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba suspendió ayer a siete oficiales de justicia por el presunto cobro de sumas por fuera de los aranceles estipulados para diligenciar desalojos y embargos, entre otros. Los agentes serán sometidos a un sumario administrativo y desde hoy ya tienen reemplazantes.
Cabe recordar que el Alto Cuerpo había iniciado una investigación de oficio tras la denuncia pública que el presidente del Colegio de Martilleros, Alexis Aguada, hizo al respecto en una nota periodística del 11 de octubre de 2012, publicada por Comercio y Justicia.
“El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba suspendió preventivamente a siete oficiales de justicia hasta que concluya el sumario administrativo dispuesto por el presunto cobro indebido de sumas por fuera de los aranceles estipulados por la legislación vigente respecto del diligenciamiento de oficios por desalojos, embargos, intervenciones de caja, entre otros”, confirmaron a este medio altas fuentes del Poder Judicial.
La medida recayó sobre los oficiales de justicia, seis de los cuales cumplen funciones en capital y uno en el interior provincial. La cantidad de los suspendidos implica un tercio del total de integrantes del cuerpo integrado para la ciudad de Córdoba.
Estos agentes no prestarán servicios mientras se sustancie la instancia administrativo-disciplinaria que los afecta. Para adoptar esta decisión, los vocales del TSJ tuvieron en cuenta la “gravedad” que reviste la imputación administrativa, “en cuanto menoscaba la confianza depositada en el accionar de los empleados”.
Por ello, concluyeron que resultaba inconveniente que continuaran desempeñando funciones. Hasta anoche no habían trascendido los nombres de los suspendidos.
Tarifario
Según la investigación preliminar realizada por la Secretaría de Sumarios Administrativos, estos agentes, en diversas ocasiones, al ser designados a los fines de practicar mandamientos judiciales tales como embargos y/o secuestros de bienes muebles registrables y no registrables, intervenciones de caja, desalojos y constataciones, habrían exigido indebidamente a distintos operadores jurídicos (abogados, martilleros judiciales, etcétera) sumas de dinero como condición para su efectivización, en infracción al sistema de aranceles fijado por el TSJ.
Según la investigación preliminar realizada por la Secretaría de Sumarios Administrativos, estos agentes, en diversas ocasiones, al ser designados a los fines de practicar mandamientos judiciales tales como embargos y/o secuestros de bienes muebles registrables y no registrables, intervenciones de caja, desalojos y constataciones, habrían exigido indebidamente a distintos operadores jurídicos (abogados, martilleros judiciales, etcétera) sumas de dinero como condición para su efectivización, en infracción al sistema de aranceles fijado por el TSJ.
En su oportunidad, los martilleros advirtieron de que los oficiales de justicia exigían un precio por cada procedimiento, que variaba según su importancia. Por ejemplo, habían señalado que el secuestro de un auto valía 500 pesos -los fines de semana, mil-, un camión 3.000 pesos, un desalojo podía variar entre 3.000 y 5.000 pesos, y que de ese dinero no se daba recibo ni constancia alguna. Recientemente, el abogado del Colegio de Martilleros, Miguel Ortiz Pellegrini, había señalado que los funcionarios judiciales llegaban a percibir entre “60 mil y 100 mil pesos mensuales”, por este concepto.
Ayer, el letrado se mostró satisfecho por la resolución del TSJ y destacó la participación de su titular, Carlos García Alloco. “Es muy saludable lo hecho por el Tribunal Superior, lo que pretendíamos se ha conseguido, nosotros hemos aportado la prueba. Nos hubiera gustado que los abogados hubieran participado en esto”, dijo Ortiz Pellegrini en alusión a que estos últimos no denunciaron un tema también padecido por esos profesionales.
Cabe señalar que la máxima sanción administrativa que podría caberles a los oficiales de justicia es la cesantía por incumplimiento de la responsabilidad funcional. Por la gravedad de los hechos investigados, no se descarta que pueda luego iniciarse una acción judicial.
Por estas horas, el director del Área de Servicios Judiciales, Ricardo Rosemberg, absorbió la coordinación de la Oficina de Oficiales de Justicia, función que cumplía Alberto Manchado. En el Poder Judicial señalaron que este último sigue en sus funciones respecto de otras áreas que venía teniendo a su cargo.
Asimismo, dijeron que los martilleros serán convocados para la redefinición del sistema que se emplea respecto del trabajo que desempeñan los oficiales de justicia.
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