Nuevo revés para el Gobierno: postergan seis meses la elección en la Magistratura
Liliana Heiland, titular del juzgado federal número 10 contencioso y administrativo, hizo lugar a un reclamo de inconstitucionalidad de la ley formulado por la entidad Será Justicia
En once carillas, la jueza Liliana Heiland dictaminó el tercer fallo contrario a las leyes del Consejo de la Magistratura y de medidas cautelares aprobadas por el Congreso. No obstante, la resolución de la titular del juzgado número 10 en lo contencioso y administrativo porteño resultó el primer revés para el Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los anteriores habían sido resueltos por jueces de San Nicolás y Mar del Plata. Heiland accedió a un pedido realizado por la agrupación “Será Justicia”, que encabezan los abogados Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge, en el que se solicitaba una declaración de inconstitucionalidad de la norma que impulsa que el número de consejeros se estire de 13 a 19 y que estos sean electos mediante el voto popular en las Primarias del 11 de agosto, y también, la que limita a seis meses el uso de las medidas cautelares contra el Estado. En el texto la jueza dispone la suspensión de los extractos principales de la ley 26.855, como el artículo 2, que amplía el número de consejeros, y los artículos 4, 18 y 30 que fijan la elección popular de los representantes de los jueces, abogados y académicos en listas políticas y la convocatoria a comicios. Lo mismo hizo con el decreto 577/13 del Poder Ejecutivo que convocó a elecciones de consejeros de la Magistratura. En el documento al que accedió El Cronista, la jueza hizo referencia “al estrechísimo margen temporal fijado para la conformación de alianzas”, estipulado para el miércoles 12. Según la jueza la nueva ley “generaliza una incidencia política partidaria que, insisto, prima facie y de entrada, se opone, al menos, al referido artículo 114 de la Constitución Nacional”. De prosperan la norma, cita Heiland, el mencionado artículo 114 “podría transformarse en letra muerta, en tanto la norma cuestionada obliga a adoptar un perfil eminentemente político”. Y resuelve suspender los mencionados artículos y postergar por seis meses la elección de consejeros, así como también la puesta en marcha de la ley 26.854 que refiere al uso de cautelares. Guillermo Lipera, uno de los impulsores de la denuncia, consideró que la resolución judicial “es muy buena” y sostuvo que transcribe al “doctor Zaffaroni, quien en su momento advirtió el beneficio de crear el Consejo para poner freno o límite a los partidos políticos, todo lo contrario del propósito de esta ley”. Consultado por El Cronista, Lipera elogió a la jueza por su “independencia”, aseguró que el fallo “es el más completo de los tres que se emitieron hasta ahora sobre la inconstitucionalidad de la ley” y no dudó en denominar como un “día de fiesta” a lo acontecido ayer. La decisión de ayer implica un precedente en la Justicia porteña para otros amparos presentados en las últimas semanas. Algunos de los demandantes, incluso, creen que a partir de este fallo “otros jueces contenciosos se animarán a fallar sobre la inconstitucionalidad de las leyes”. También puede representar un cambio de estrategia del Gobierno respecto a los traspiés que tuvo, no sólo en la Ciudad, sino también en el interior. Si bien no fue confirmado desde Casa Rosada, se prevé que el Ejecutivo apele las decisiones de primera instancia ante las respectivas Cámaras o que evite ese camino y se dirija directamente a la Corte a través de un per saltum. Ese recurso también podría ser utilizado por los demandantes a los que no se les concedió la cautelar cuando la presentaron en juzgados de primera instancia.
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