Fuero Federal, en alerta por decisión provincial
Aunque la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recién mañana emitirá una acordada respecto a la decisión del Ministerio de Justicia de la Provincia de no trasladar más a los presos por causas federales a partir del 1° de julio, en los Tribunales de calle Concepción Arenal, ayer, eran mayoría las críticas a esa decisión, por las consecuencias negativas que implicaría en la sustanciación de los juicios por delitos federales.
“Es una complicación para el proceso penal, ya que hay muchos actos que requieren la presencia de los imputados que están detenidos o las notificaciones de estos para que el proceso penal pueda avanzar hasta la sentencia. El juicio oral y público es un requisito ineludible y previo para condenar a una persona y requiere que esté presente el imputado en la audiencia de debate”, indicó a Cadena 3 el fiscal Maximiliano Hairabedian.
Por su parte, el camarista José María Pérez Villalobo recalcó que un problema de índole administrativa –la deuda de 90 millones de pesos que la Provincia le reclama a la Nación por el alojamiento de los 452 presos federales– podría tener consecuencias negativas sobre los derechos de los presos.
“La Provincia no puede impedir que se lleven adelante los juicios, sería la negativa de la Provincia a que el preso consiga un juicio justo en tiempo, y habría entonces una violación de una serie de principios que hacen a los derechos del preso. El preso sería el cautivo de la Provincia para que la Nación le pague”, indicó Pérez Villalobo a Mitre 810.
En tanto, la ministra de Justicia de la Provincia, Graciela Chayep, ratificó ayer su decisión de interrumpir los traslados a partir del mes que viene, y reiteró su reclamo de pago a la Nación. Además, defendió el uso de cadenas como medio de sujeción de los internos durante los traslados, una medida cuestionada en el ámbito de la Justicia Federal.
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