Los ataques a la Corte Suprema

El máximo tribunal de la Nación ha sido denostado por la presidenta Cristina Fernández y el oficialismo tras el fallo contra la reforma judicial, lo que muestra un nulo respeto por las instituciones.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional parte de la reforma que impulsó el kirchnerismo para “democratizar el Poder Judicial” profundizó los embates públicos de la presidenta Cristina Fernández contra el máximo tribunal.
El estilo confrontativo de la Presidenta se manifiesta en medio de otros episodios de gravedad, como son las amenazas que recibió el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda de parte de militantes de la agrupación La Cámpora. Y las alusiones que hizo la propia Presidenta al ministro Carlos Fayt, a quien intentó descalificar por su edad y su pasado político.
En estos destratos a la Justicia, parecen insinuarse posibles episodios de mayor intensidad, a la luz de las destempladas manifestaciones de la mandataria y de algunos de sus adláteres más fanáticos, como Luis D’Elía y el diputado nacional Carlos Kunkel, entre otros.
Sin embargo, el relato y las críticas a uno de los poderes del Estado desnudan de manera palmaria la ambición del poder central de tener jueces y fiscales funcionales a sus intereses políticos, como se había trazado en el proyecto de reforma ahora declarado inconstitucional.
Ante el fallo adverso, la Presidenta incurre en un interesado gesto de olvido y desconsideración para los miembros de la Corte, quienes en su gran mayoría fueron designados en sus cargos poco después de que su ahora difunto marido y expresidente Néstor Kirchner asumiera la jefatura del país en 2003. Este mismo Tribunal dictó sentencias sobre medidas impulsadas y celebradas por el mismo Gobierno que hoy lo cuestiona.
Son los mismos jueces que en 2005 declararon nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que beneficiaban a decenas de represores 
de la dictadura militar. Esas normas habían sido derogadas por el Congreso de la Nación en 2003, aunque con un confuso marco legal, en virtud de que el Parlamento no tiene atribución para abolir sus propias leyes. El asunto quedó saldado con el fallo de la Corte ahora zamarreada por los dichos presidenciales.
A modo de corregir olvidos, los miembros del alto tribunal recordaron que, además de dictar el fallo contra las “leyes del perdón”, también lo hicieron a favor del matrimonio civil para casos de contrayentes divorciados o en lo referido a la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Estas y otras iniciativas de fuerte impacto social fueron avaladas por el oficialismo.
Antes de agitar un escenario de crispación, la Presidenta debe atemperar los ánimos y aceptar sin amenazas de tribuna los fallos judiciales contrarios a su conveniencia.
También debe dar un claro mensaje a la sociedad de que en la Argentina se respeta la división de poderes, lo cual no es nada más que someterse, sin “chicanas” ni artilugios, a la letra de la Constitución Nacional.

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