Una nueva renuncia en la Asociación de Magistrados

El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Jorge Auat, presentó ayer su renuncia a la Asociación de Magistrados con duras críticas al "espíritu corporativo" que mantuvo la organización ante jueces o fiscales investigados por delitos de lesa humanidad o por obstaculizar las causas por el terrorismo de Estado en la última dictadura. "Me resisto a pertenecer a una asociación donde el interés de la comunidad toda sea subalterno al de la corporación y de sus irritantes privilegios", señaló el fiscal general.

A través de una carta enviada ayer por la tarde a la sede de Lavalle 1334, Auat aseguró que su renuncia se basa en "profundas diferencias" con la asociación desde que esta publicara una solicitada el 6 de diciembre de 2012, de manera inconsulta con sus socios, reclamando independencia del Poder Ejecutivo.
Allí, el funcionario enumeró sus disidencias con la conducción y cuestionó, entre ellas, la "posición radicalizada de claro enfrentamiento que tomó esa entidad con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impedir un cambio en el poder judicial largamente postergado".
En ese sentido, el fiscal señaló que esperaba de parte de la Asociación "un acompañamiento con aportes y sin especulaciones", ante un proyecto que "probablemente sea la piedra angular de un cambio hacia un sistema judicial con compromiso por la vigencia de los Derechos Humanos y sin jueces imputados por crímenes de lesa humanidad, ni operadores y militantes  de la impunidad".
Por último, Auat destacó la pasividad de la Asociación frente a funcionarios judiciales, socios de la entidad, que son investigados por crímenes en la dictadura, destacando el caso del ex camarista mendocino Otilio Romano, prófugo de la justicia. "Tampoco hubo pronunciamiento frente a imputaciones a magistrados y funcionarios por su actuación en los procesos con decidida y ostensible obstaculización de las investigaciones, cuyo costo no es otro que la otra cara de la moneda de la impunidad", agregó. 
La renuncia de Auat se sumó a las ya presentadas del fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, o del juez Carlos Rozanski, del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, entre otros integrantes de la Asociación Justicia Legítima. «

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