Acusan a dos jueces de haber facilitado datos para salideras
Las víctimas denunciaron haber sido asaltadas tras cobrar indemnizaciones en juzgados.
Dos magistrados de Lomas de Zamora comenzaron a ser investigados por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y por una fiscal por su presunta vinculación con una serie de hechos en los que las víctimas fueron asaltadas después de que cobraron en el juzgado indemnizaciones por despidos.
Además, ambos jueces, que se desempeñan en el fuero laboral en ese distrito, fueron denunciados por un auxiliar letrado del juzgado porque supuestamente ordenaban pagar cheques de juicios con remanentes de subastas o expedientes paralizados a falsos beneficiarios, que cobraban los cheques con DNI apócrifos y luego dejaban el dinero en un sobre en un escritorio del juzgado.
El monto estimado de la maniobra con los cobros de 74 cheques alcanzaría a casi 500.000 pesos y, según consta en la denuncia investigada en una fiscalía de Lomas de Zamora, habría comenzado hace casi cinco años.
Los escándalos en el Departamento Judicial Lomas de Zamora no son nuevos. En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia acusó al juez en lo Civil y Comercial, Julio César Palacios, por una serie de irregularidades cometidas en su juzgado con el sorteo de expedientes y el favorecimiento de expedientes a abogados y a peritos que tenían relación con ese magistrado.
A diferencia del sumario contra Palacios, que ya fue presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la investigación contra los jueces del Tribunal Laboral N° 1 de Lomas de Zamora apenas comenzó.
Según figura en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, ambos jueces "estarían involucrados en una serie de hechos delictivos.
"Durante los últimos meses de 2010 se han producido «salideras judiciales» en el Tribunal de Trabajo N° 1, de Lomas de Zamora. He tomado conocimiento de que ciertos demandantes han sido víctimas de robo de dinero cobrado en expedientes que tramitan ante dicho órgano jurisdiccional, ya sea por audiencia de pago, como por libranzas judiciales. Cuando llegaban a su domicilios, esas personas que cobraron el dinero en el juzgado fueron interceptadas", expresó Walter Bogado, quien se desempeñaba como auxiliar letrado en el juzgado que estaba a cargo de los magistrados Fernando Galigniana y Guillermo Baloira.
Al intentar ser consultados por LA NACION, en el tribunal respondieron que los jueces denunciados no podían hacer declaraciones debido a que existía una investigación en marcha.
Bajo sospechaNo obstante, un colaborador de los magistrados explicó que la presentación de Bogado podría haber sido motivada como represalia contra los jueces Galigniana y Baloira porque lo denunciaron por una supuesta defraudación con 74 cheques que se habrían cobrado en una maniobra que incluyó la falsificación de firmas y de DNI para cobrar dinero de expedientes en los que había remanentes de subastas y que estaban paralizadas.
Bogado estuvo preso durante nueve meses por la denuncia que le hicieron los dos magistrados y fue procesado con una caución de 200.000 pesos.
Cuando salió de la cárcel, denunció a los jueces por su presunta vinculación con las denominadas salideras judiciales. Actualmente, esta causa está radicada en la UFI N° 9, a cargo de la fiscal María Delía Recalde.
Pero antes de hacer la denuncia por las salideras judiciales, Bogado había señalado a los jueces en su declaración indagatoria en el expediente por las maniobras con los cobros de los cheques, que instruyó el fiscal Andrés Devoto.
Ni Devoto, ni el fiscal que lo reemplazó: José Luis Juárez, habrían revisado si lo que dijo Bogado en su declaración sobre los jueces era cierto.
En la resolución de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que dispuso la caución juratoria para Bogado en lugar de la fianza de 200.000 pesos fijada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, los camaristas dijeron que existirían otros sospechosos.
"Todo el mundo sabe, o al menos debería hacerse de esta manera, que para evitar situaciones como las investigadas, un juzgado prolijo debería adoptar recaudos", explicaron los jueces de la Cámara de Casación.
Al referirse a lo que consideraban el correcto funcionamiento de un "juzgado prolijo", los magistrados de la Cámara de Casación afirmaron que un auxiliar letrado por su cuenta no podía conocer los saldos de las cuentas correspondientes donde había dinero remanente de subastas que estaban paralizadas.
"La expresión formulada por uno de los imputados en su indagatoria sobre expedientes con remanentes de subastas y paralizados revela claramente que hay gente de otra parte que tuvo acceso a los saldos de las causas paralizadas", sostuvieron los camaristas.
Esta maniobra había sido descubierta por una abogada que pidió el saldo bancario de una causa en la que litigaba y en la sucursal Tribunales del Banco Provincia le dijeron que no tenía dinero.
ANTECEDENTES- Cerca del jury: hace diez días, en un hecho sin precedente, la Suprema Corte de Justicia acusó al juez en lo Civil Julio César Palacios por una serie de irregularidades cometidas en su juzgado. En los próximos días se integraría el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
- Dos camaristas y un fiscal: otros dos jueces y un representante del Ministerio Público, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, tienen sumarios abiertos. Sus indagatorias podrían ser pedidas en los próximos días.
- Los sacapresos: el camarista Eugenio Alsina fue acusado en 1997 de cobrar coimas para liberar a presos.
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