Derechos humanos y corrupción
Se formó alrededor del Gobierno un fuerte núcleo político-económico con voluntad de apropiación del pensamiento y de la historia de los derechos humanos. Juan Carlos Vega.
Nunca pensé en escribir sobre este tema. Quienes participamos en la verdadera historia de construcción del pensamiento sobre los derechos humanos en la Argentina sabíamos que algo fallaba, pero nunca a este punto. Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo son sospechados judiciales por su participación en un aparente delito de lavado de activos.
Más allá del pronunciamiento judicial que surja en defini-tiva, la investigación refiere a eventuales actos de corrupción definidos como tales por el artículo sexto de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscripta en Caracas (1996).
¿Cómo se llegó a esta horrible situación?
En la Argentina de los últimos 10 años, se construyó un raro discurso en materia de derechos humanos. Por un lado, se dio un fuerte y digno impulso a las causas judiciales por crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, las que a la época del gobierno de Néstor Kirchner estaban paralizadas.
Pero, por otro lado, se formó alrededor del Gobierno un fuerte núcleo político-económico con una declarada voluntad de apropiación del pensamiento y de la historia de los derechos humanos. Núcleo altamente peligroso por sus conductas impregnadas de prepotencia, soberbia e intolerancia.
Aparecieron así en la historia argentina unos novedosos Robespierre de los derechos humanos que, sin ninguna autoridad moral, asumieron el derecho maccartista de juzgar, intimidar y descalificar a adversarios políticos desde una supuesta propiedad de la temática.
Estos pequeños y feroces Robespierre dieron paso, en una segunda etapa, a verdaderos lobbistas de la materia, gerenciadores de políticas públicas, con grandes gastos estatales. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es la Secretaría de Estado con mayor presupuesto nacional.
En este espacio histórico de deformación ética del pensamiento de derechos humanos aparece el caso Schoklender con la fundación de las Madres y con gastos provenientes de nuestros impuestos totalmente descontrolados y generadores de enriquecimientos ilícitos privados.
Dignidad y corrupción. Esos presuntos actos de corrupción nunca hubieran ocurrido de no haber existido previamente los mencionados Robespierre. Puede decirse que la política K en materia de derechos humanos comenzó con mucha dignidad y termina, al parecer, con mucha corrupción.
La pregunta, ahora, es cómo desmontar este formidable aparato político-económico gestado por el Gobierno sin afectar el compromiso social con los derechos humanos. Debe recordarse que los derechos humanos son, por esencia histórica, la conciencia ética de la democracia y, por ello, resultan incompatibles con toda conducta marcada por la prepotencia, la intolerancia o la soberbia.
Quienes somos históricos defensores de los derechos humanos en la Argentina, estamos obligados a distinguir la paja del trigo. Los defraudadores del mensaje no lograrán hacer caer nuestro compromiso.
Los derechos humanos valen y deben ser defendidos siempre. Pero debe saberse que la responsabilidad en este fraude deberá ser castigada por la ley con el máximo rigor punitivo.
A mayor responsabilidad, mayor pena. A mayor daño social, mayor castigo. Ésa es la verdadera interpretación del principio de igualdad ante
la ley.
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