Imputaron al juez Ochoa por defraudación al Estado

Es en el marco de la denuncia formulada por la Anses. Ahora, la jueza Servini de Cubría deberá determinar si lo procesa o no. La ejecución de las sentencias quedaron suspendidas durante 20 días.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, fue imputado ayer en la causa por defraudación a la Administración pública, tras la denuncia formulada por la Anses sobre una presunta estafa en los procesos judiciales iniciados por jubilados de esa ciudad contra el Estado nacional.
La decisión fue adoptada por el fiscal federal Luis Comparatore y ahora será la jueza Romilda Servini de Cubría quien deberá resolver si determina o no su procesamiento.
Según trascendió, abogados previsionalistas implicados en la denuncia y jubilados que se habrían beneficiado con las sentencias también podrían quedar imputados. Inicialmente, la denuncia del equipo jurídico de la Anses había sido presentada en la fiscalía del doctor Guillermo Marijuán, quien derivó el caso al juzgado de la doctora Servini de Cubría, donde se designó a Comparatore como fiscal del hecho.
Sentencias suspendidas
Pese al pedido de la Anses para que se  suspendiera por el plazo de 60 días la ejecución de unas 1.700  sentencias, el juzgado de Ochoa resolvió hacer un paréntesis de 20 días.
Según el organismo nacional, un plazo de 60 días les permitiría analizar cada una de las sentencias cuestionadas  y evitar así un mayor perjuicio al erario en el pago de capitales, intereses, costas y honorarios de manera indebida. Sin embargo, los abogados previsionalistas plantearon su rechazo a la solicitud de la Anses, señalando que en el pedido en cuestión no se expresan argumentos de derecho.
La denuncia
En la denuncia que el Gobierno nacional realizó contra Ochoa y que derivará en el análisis de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura, le adjudican al magistrado ser el impulsor de la mitad de los embargos en todos los juzgados del país.
Según señalaron el titular del Anses, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, la “millonaria maniobra de fraude” habría revelado un doble pago de las sentencias a los demandantes y la imposición de “sumas siderales”. La acusación del Gobierno salió a la luz casi un mes después de que el juez Ochoa intimó al ente de la seguridad social, “bajo apercibimiento de multas”, a que “en 10 días dé cumplimiento a las sentencias dictadas en seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero”.
En el comunicado oficial del organismo social señalan que el juez riocuartense convocaba a un perito oficial para que decidiera la liquidación, “pero no descontaba pagos ya efectuados por Anses, no determinaba el monto inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e incorporaba precedentes que no habían sido otorgados en la sentencia firme”.
Tras la acusación, Ochoa optó por el silencio, mientras que en el foro de abogados locales hubo sorpresa por una denuncia que podría poner fin a la carrera judicial del juez riocuartense.

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